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Fecha de publicación:
13/6/2019
En esta semana, la novedad en educación superior ha sido el anuncio del licenciamiento por parte de Sunedu de dos nuevas universidades: la César Vallejo, institución muchas veces cuestionada por la vinculación política de sus propietarios, las acusaciones de plagio de César Acuña y por otras razones como el otorgamiento de un indiscriminado número de maestrías y doctorados (3 por día) y el limitado número de publicaciones académicas en Scopus (20 en 2018), entre otros temas. Sin embargo y, aunque muchos creían que no podría lograr cumplir con las condiciones básicas de calidad exigidas, al final ha conseguido cumplir con ellas y según se ha informado para lograrlo habría invertido más de 400 millones de soles, y además desistir de 39 programas y cerrar 5 filiales a nivel nacional.
La otra universidad que ha sido licenciada es la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt, especializada en ciencias de la salud y que cuenta con 4 mil alumnos. Esta institución, cuyo antecedente es el instituto del mismo nombre, inició sus actividades como universidad en el 2010. Los propietarios, según el estatuto de la universidad, son el empresario David Jiménez Heredia, vinculado a Caja Municipal de Huancayo, Evelyn Adriana Robles Gutarra, directora del instituto, y Beatriz Heredia Arteaga.
Por otro lado, y luego del cierre de Telesup, esta institución ha tratado de responder publicando informes comparativos con otras universidades aludiendo un trato discriminatorio, situación que fue también respondida por Sunedu que a través de su superintendente negó cualquier cuestión discriminatoria o arbitraria y explicó que de las ocho denegadas esta universidad fue una de las peores. Además, luego salieron a luz muestras de las condiciones de informalidad en la que venía funcionando, noticia que incluso fue publicada en medios internacionales y cuya situación se agravó cuando se difundió que como jefe de la obra aparecía un estudiante de pregrado de noveno ciclo de la Facultad de Ingeniería Civil de la misma universidad.
No menos preocupante fue el descubrimiento de otra infraestructura falsa para simular un edificio alto en la Universidad Alas Peruanas, situación que motivó que la Municipalidad de Jesús María clausurara temporalmente esa sede por falta de condiciones de seguridad. Todo esto corresponde a la informalidad en la que estaban funcionando estas instituciones en lo relacionado a la infraestructura; sin embargo, en estas instituciones también se encuentran otras deficiencias en materia de enseñanza, falta de investigación y otros aspectos que limitan a estas instituciones a cumplir con las condiciones básicas de calidad que debería ofrecer una universidad lo cual representa un riesgo y un engaño para los alumnos que estudian y pagan por una educación en estas instituciones.
Sobre la preocupación general por el destino de los estudiantes de las universidades que ya han recibido la denegación de la licencia, Martín Benavides, superintendente de la Sunedu, ha declarado que más del 60% de los estudiantes de las 6 primeras universidades que no pasaron licenciamiento ya han encontrado una ruta de continuidad y que tienen información de universidades licenciadas que están dispuestas a ofrecer tarifas solidarias. Sin embargo, todavía no se ha dicho nada desde el Minedu que es el ente rector de la política de Educación Superior.
Al cierre de esta nota, Sunedu anuncia el licenciamiento de la Universidad Tecnológica del Perú para lograrlo tuvo que implementar una serie de mejoras clave entre ellas cerrar 5 programas de pregrado y 4 de posgrado (tres maestrías y un doctorado). Asimismo, incrementó el porcentaje de docentes a tiempo completo de 4% a 26.6%. Con este anuncio, son 74 las universidades licenciadas. Pero, también anunció la denegación de la licencia de la Universidad Arzobispo Loayza, institución de 1277 estudiantes y que ofrecía 14 programas, pero que durante el proceso desistió de la mayor parte de su oferta educativa y que a la fecha ofrece solo tres carreras: Enfermería, Obstetricia, y Terapia Física y Rehabilitación. Sin embargo, no logró demostrar las condiciones básicas de calidad. Con este último anuncio, serían 9 las universidades que no han logrado el licenciamiento.
Finalmente, y también referido a la educación superior, se acaba de publicar una Resolución Ministerial para conformar un grupo de trabajo cuya finalidad será formular una propuesta para una política nacional de educación que involucraría a la educación universitaria, la técnica y la de los institutos pedagógicos.
Representantes de universidades en proceso de licenciamiento, han empezado a aparecer en los medios para discutir los esfuerzos invertidos. El presidente ejecutivo de Alas Peruanas, José Eduardo Castillo, ha tenido una semana ajetreada tras las comparaciones de la estructura de una de sus edificaciones con la fachada falsa de la recientemente denegada Telesup. Al respecto responde: “En absoluto (tratamos de engañar). Nosotros tenemos una estructura de cuatro pisos bien construida e implementada". Por otro lado, el rector de la Universidad Nacional Federico Villareal, Juan Alfaro, también ha sido entrevistado por TV Perú sobre el proceso: “En estos momentos nos encontramos en un proceso de validación, de consistenciación de la información proporcionada a SUNEDU, estamos realizando trabajos de coordinación”. También, señala que presentarán la versión final de su expediente la próxima semana.
Por otro lado, el controversial rector de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Luis Cervantes Liñán, ha declarado para La República que se siente optimista sobre el licenciamiento: “La universidad ha trabajado de manera correcta, promocionado a sus egresados (...) Antes había otra ley. Pasar de autonomía al manejo a través de la Sunedu implica cambios. También, hay mejoras. Estamos en la segunda etapa, revisando todo lo que irá a la Sunedu, que demuestre que lo que señalamos es correcto”.
En la Universidad Nacional de Tumbes, se encuentran en investigación por lo menos 30 denuncias por adulteración de notas en el pregrado presentadas por el Sindicato de Docentes que detectó irregularidades en el Sistema Integrado de Control Académico (SICA). Esta situación que fue reportada desde diciembre de 2018 será investigada por el Tribunal de Honor de dicha institución que determinará las sanciones administrativas correspondientes. A partir de ello, se solicitará a la Procuraduría Anticorrupción de Tumbes que tome acciones penales ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
Por otro lado, el ejecutivo no aprobó el proyecto de Ley para la creación del Colegio de Politólogos, tema que suscitó mucho debate y sobre el que difundimos una nota donde se explicaba por qué no era pertinente su creación.
Antecedentes:
Fuentes:
Documentos: