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Fecha de publicación:
23/5/2019
Durante el último par de semanas, se ha debatido alrededor del rol del “American Historical Association” (AHA) en la actual crisis de las humanidades. Un ensayo de Daniel Bressner y Michael Brenes titulado “Una mancha moral en la profesión” critica gravemente a la AHA por mantener un rol de sumisión frente a lo que consideran son graves injusticias enfrentadas por los historiadores, especialmente en relación a sus condiciones laborales en la academia. Ellos sostienen que se debería trabajar en conjunto entre profesionales de distintos rangos (tenure, tenure-track, alternativos a la academia, etc.) y de distintos campos académicos para enfrentar la crisis común de empleo estable en las universidades. Esto les permitiría generar mecanismos de reclamo importantes como huelgas masivas. En general, la solidaridad entre historiadores (o entre distintos tipos de académicos) es el valor que consideran debe predominar en el colegio profesional.
Allison Miller, editora del newsmagazine de la AHA, advierte, sin embargo, que la organización (en forma política) de un conjunto de profesionales no es ni puede ser el rol de un colegio profesional, pues estas son las funciones de un sindicato. Así, en primer lugar, existe una restricción legal, pues la AHA es una corporación sin fines de lucro constituida bajo la sección 501 (c) (3) que técnicamente no puede, según su estatuto, apoyar a candidatos políticos, hacer lobby con legislación, negociar contratos o hacer llamados a huelga. No podrían cambiar estas condiciones sin cambiar su misión, lo cual sería contraproducente, pues, según Miller, mientras que los sindicatos existen para proteger a todos los trabajadores de un sector, las asociaciones se ocupan de crear estándares de profesionalismo y buenas prácticas. Vemos así que el principio de solidaridad implica que sea del interés de los sindicatos hacer excepciones a los estándares cuando entren en conflicto con este principio. Bessner concede que el problema legal es real, sin embargo, arremete nuevamente contra la pasividad de la AHA frente al status quo de escasez en las universidades y critica especialmente la promoción de empleos alternativos a la academia como un superficial paliativo ante una verdadera crisis.
Esto nos lleva a preguntarnos, cual es el verdadero rol de los colegios profesionales y cómo encajan los reclamos por derechos laborales dentro de su misión. Bessner y Brenes abogan por cambiar la misión de la AHA para que logren centrarse en proteger empleos académicos estables (la misión tradicional de los PhD en historia), antes que impulsarlos a buscar alternativas; es decir, cambiar y guiar el sistema antes que adaptarse a él.
Los colegios profesionales más paradigmáticos en el Perú son el Colegio de Ingenieros, el Colegio Médico y el Colegio de Abogados. Así, mientras que la colegiación en el colegio médico es indispensable para el ejercicio de la profesión, la colegiación de ingenieros es necesaria para poder emitir documentos tales como estudios, proyectos, informes técnicos y periciales, planos y mapas, etc. Por otro lado, aunque el colegio de abogados sostiene que la colegiatura no es obligatoria para ejercer, se reconoce que sí lo es para defender procesos judiciales. Se ha producido un gran debate a lo largo de los años alrededor del uso de los colegios profesionales. Como símil a la situación, Alfredo Bullard narra una sátira de Bastiat en la que fabricantes de velas presentan un proyecto de ley para obligar a los ciudadanos a tapiar las ventanas y así combatir la desleal competencia que la luz del sol suponía para su negocio. El abogado postula que los grupos de interés consiguen crear leyes que desproveen a los profesionales de su derecho a elegir. Se critica al colegio de abogados por su histórica imposición de precios mínimos “acordes a la dignidad de la profesión”, costosos y obligatorios cursos de “práctica forense” (luego declarados ilegales e inexigibles por Indecopi) de baja calidad e impulsando la exigencia de “certificados de habilitación” en el Poder Judicial.
Luis José Diez Canseco llama a los colegios profesionales “un rezago del modelo gremial y mercantilista que desaparece formalmente con la Revolución Francesa” y del cual no percibe beneficio alguno para sus miembros. Mantiene, sin embargo, que estos podrían cumplir una valiosa misión ante la abundante oferta educativa, si sirvieran como un filtro, una garantía de estándar de habilidad y conocimiento como sucede en Estados Unidos y otros países. Este se configura como un ideal ambicioso en un contexto altamente susceptible a la corrupción y politización de las instituciones. El abogado Renán Ortega nos recuerda, además, que los jueces, magistrados y abogados envueltos en los recientes escándalos de corrupción son todos colegiados: “¿Era posible que la institución evite esta crisis? Si la respuesta es no, entonces, ¿para qué existe? ¿Solo para cobrar cuotas y llenarse los bolsillos?”
El último golpe a la legitimidad de los colegios profesionales ha sido la aprobación de la propuesta de ley para la creación del Colegio de Politólogos impulsada por el fujimorista Elías Ávalos. Este colegio se encontraría bajo la tutela de una denominada “Asociación Nacional de Politólogos del Perú” presidida por el asesor del congresista Elías, Miguel Angel Ibarra. Las críticas son abundantes (ver 1, 2 y 3), y se centran en la falta de cuidado en las formas de representación y las necesidades de organización (no se convocó a la Red de Escuelas de Ciencia Política). Asimismo, recalca lo ambiguo que resulta definir “el ejercicio de la profesión del politólogo (para lo cual sería obligatoria la colegiatura) y los posibles (y sospechosos) intereses políticos en la premura de su formación. Así, más de 200 politólogos se han pronunciado contra la propuesta señalando que se trataría de un intento por influenciar en el proceso de la reforma política actualmente discutida en el Congreso.
Los colegios profesionales en el Perú claramente no funcionan como los filtros que sugiere Diez Canseco y solo parecen tener la imagen de trabas burocráticas entre grandes facciones de la población profesional que se suponen deberían representar. Los intereses de las distintas profesiones tampoco parecen tener gran poder a través de sindicatos (tal vez con la excepción de médicos de Essalud y la exitosa movilización de los docentes de educación básica). Vale la pena reflexionar en este contexto sobre cuáles deberían ser las instituciones apropiadas para atender las necesidades de tanto los profesionales específicos como de la sociedad, cuántas deberían ser, quién las debería formar/regular, y cuáles deberían ser sus objetivos.
Fuentes:
Documentos:
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