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Fecha de publicación:
4/7/2019
Ya estamos a mitad de año y el licenciamiento va entrando en la recta final. Mientras tanto, Minedu acaba de transferir más de 30 millones a trece universidades públicas como parte de los convenios de gestión ya establecidos desde inicios de año con la finalidad de que estos recursos puedan fortalecer sus procesos de formación, capacitación e innovación. En el siguiente cuadro, se detallan las universidades públicas que han recibido transferencias y si están o no licenciadas.
De acuerdo a la información presentada, podemos observar que las universidades licenciadas han recibido la mayor parte del presupuesto (S/. 27,060,054.20), mientras que solo 2 no licenciadas recibieron financiamiento (S/. 5,362,546.70).
Dado el avance del proceso y observando que aún no han cerrado ninguna universidad pública, cabe preguntarse ¿se ha considerado la posibilidad de cierre de alguna universidad pública? Al respecto, es importante considerar que estas instituciones están siendo potenciadas para mejorar el servicio público de educación superior, ya que una opción viable es que las públicas licenciadas puedan también acoger a los alumnos de universidades no licenciadas como una alternativa de educación gratuita del Estado más acorde con las características socioeconómicas de los estudiantes que, como ya hemos señalado, en muchos casos va a ser muy difícil que continúen sus estudios en una universidad privada (ver nota previa).
Sobre la situación de las universidades públicas, el superintendente habría señalado meses atrás que siguen avanzando (ver nota previa) y esto se puede visibilizar en el anuncio de Sunedu con el licenciamiento de la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba UNIQ, la cual luego de superar los problemas administrativos que tuvo, y que hemos seguido desde este boletín (ver 1 y 2), podrá iniciar sus actividades en cuatro programas de pregrado en la provincia de la Convención; y el de la Universidad Nacional de Huancavelica, importante institución que ofrece 60 programas de estudio y que tiene presencia en las provincias de Acobamba, Tayacaja y Angaraes.
Mientras tanto, el debate sobre si cerrarán o no las públicas ha pasado por analizar si las universidades y los proyectos educativos son acordes a la realidad y el contexto de la oferta que se necesita en las regiones, esto permitiría limitar la existencia de instituciones creadas por intereses políticos, ya sea de congresistas u otras autoridades regionales, también permitiría adecuar las necesidades a la oferta y demanda existente a nivel nacional. Por otro lado, y no menos importante, son las expectativas de los estudiantes por acceder a una carrera universitaria. Como lo dijo Jorge Mori en una entrevista: “Sabemos que hay universidades públicas que tienen graves problemas de gobernabilidad y gestión, y que probablemente requieran un cierre o una intervención externa, situación que la actual Ley Universitaria no contempla. Ahí se va a tener que hilar muy fino y tomar decisiones rápidas”.
Hasta el momento, podemos informar que esta es la situación de las universidades públicas: 36 licenciadas y 13 todavía en proceso de obtener el licenciamiento.
Al cierre de esta nota, Sunedu acaba de denegar la licencia a la Universidad San Andrés, una pequeña universidad ubicada en Lima con cerca de 500 estudiantes que ofrecía tres carreras: Derecho y Ciencias Políticas, Contabilidad y Finanzas y Administración de Empresas. Con ello podemos señalar que hasta el momento son 76 universidades licenciadas y 10 no licenciadas y todavía quedan una parte importante que está en compás de espera.
La Confiep ha publicado la Agenda País, documento en el que muestra, desde su punto de vista, cuáles son los principales problemas en los sectores económicos y al mismo tiempo hace recomendaciones de cómo se podría lograr un mayor crecimiento y productividad. Al respecto, es importante mencionar que por primera vez se incluye la educación superior dentro de los temas priorizados; este hecho dado a que la actual presidenta proviene de FIPES. Adicionalmente, es destacable que este tema también se encuentre en otros rubros analizados en el documento como el referido al tema laboral.
En el aspecto específico de educación superior, luego de hacer un diagnóstico sobre las transformaciones producidas por la regulación que trajo como consecuencia el crecimiento del sistema universitario, identifican ciertos problemas como las limitaciones del plazo de vigencia de las licencias de las universidades y sus consecuencias en las inversiones y su impacto en el sistema productivo y empresarial, la no existencia de una alineación de la duración de los estudios con las tendencias mundiales, las limitaciones de Ley con respecto a la educación a distancia y los problemas que ha generado la postergación de reorganización del sistema nacional de aseguramiento de la calidad. Al respecto, proponen algunas recomendaciones tales como el otorgamiento de la licencia por una sola vez, permitir que exista una oferta de programas educativos en tiempos menores a cinco años, modificar la Ley para promover la educación a distancia y promover la reorganización del Sineace.
La semana que pasó fue sacudida por la noticia que solo 3 de los 104 postulantes a ser miembros de la JNJ encargada de nombrar a los jueces de la república aprobaron un examen de conocimientos sobre los asuntos que pretenden atender. Frente a este asunto, cabe preguntarse, más allá de las críticas que pueda hacerse a la idoneidad de la prueba en relación con los objetivos, qué responsabilidad tienen las universidades que titularon a los postulantes. De acuerdo con los requisitos, debían ser abogados con 25 años de experiencia profesional o de carrera docente, además de haber realizado investigaciones jurídicas. Así como hay rankings que miden los logros de las universidades, podríamos hacer con esta lista uno de universidades que han fracasado en la formación de sus egresados.
De alguna manera, este ejemplo muestra parte de los efectos de un sistema universitario que funcionó muchos años sin regulación alguna, así como de la insolvencia de los colegios de abogados que no han sabido proteger la calidad y el prestigio de una profesión tan importante para la conformación de uno de los tres poderes del Estado.
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