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Fecha de publicación:
2/5/2019
En nuestra historia universitaria, la privatización de la universidad se dio en 1996 con el DL 882, Ley de promoción de la Inversión en la Educación, el cual contemplaba la personalidad jurídica de las universidades privadas, permitió el lucro y la exoneración de impuestos, entre otros temas. Sin embargo, fuera de demonizar la inversión privada, el problema de la privatización en Perú recayó, como apunta Cuenca, en que, si bien se consiguió ampliar la oferta y cobertura universitaria, el acceso no se democratizó, además de que esta misma oferta tenía serios problemas de calidad y creció exponencialmente sin regulación alguna. Como apunta el autor, “la experiencia muestra que la ampliación de la cobertura sin calidad no tiene sentido, castiga a los más pobres y no cumple con la movilidad social y mejora que la educación promete”. Al respecto, hoy en día, España vive un proceso de privatización relativamente semejante, el cual comentamos a continuación.
En primer lugar, el sistema universitario español se ha caracterizado por una predominancia de la universidad pública, por ejemplo, para antes de iniciados la década de los noventas, solo existían cuatro universidades privadas (Deusto, Pontificia de Comillas, Pontificia de Salamanca y Navarra) y aproximadamente cincuenta públicas (ver el siguiente documento). Ante esto, la privatización del sistema llegaría con la Ley Orgánica de Universidades (LOU), aprobada por el PP en 2001. En consonancia con las tendencias internacionales, esta Ley tuvo como objetivo apostar por la privatización de la universidad para así poder responder a la creciente demanda por educación superior – justificación recurrente en otros escenarios, tal como el peruano. Por ejemplo, el mercado laboral español necesitaba de profesionales con mayor formación, los precios de las públicas habían subido, pero, sobre todo, los másteres y los estudios de posgrado cada vez fueron más importantes desde la implantación del Plan de Boloña.
Entre los cambios más importantes de la Ley se tiene (1) el otorgamiento de personalidad jurídica a las universidades privadas; (2) estas pasaron a tener las mismas competencias que las públicas y empezaron a regirse por las mismas normas de organización, funcionamiento y evaluación; y (3) se reconoció la participación de sus rectores en el Consejo de Universidades, órgano dependiente del Ministerio de Educación.
A partir de la promulgación de la LOU, de 7 universidades en 1998, España pasó a tener 22 universidades en 2004, 28 en 2010 y 33 en 2014. Considerando este año, y la creación de tres nuevas universidades privadas, los números son los siguientes: 50 universidades públicas y 37 universidades privadas, el 40% del sistema. Este marco legal, además, fue ratificado por los gobiernos sucesivos, como el de Mariano Rajoy. Por ejemplo, bajo el mandato del exministro de Educación de dicho gobierno, José Ignacio Wert, se fijó como única condición para crear universidades privadas estándares físicos de espacio y el ofrecer ocho titulaciones oficiales (sin especificar qué nivel: pregrado, posgrado, etc.). Asimismo, cabe recalcar que las comunidades autónomas pueden fijar sus propias condiciones de apertura y que, en el caso de Madrid, no existen, según como se recoge en esta nota.
Como se indica en el siguiente artículo, la rentabilidad de estas nuevas universidades es sorprendente. De 23 universidades de las cuales se pudo conseguir información, se estima que estas arrojan ingresos de 1.682 millones de euros en el último ejercicio con una rentabilidad media del 9,41% (ver también el siguiente documento). Hecho también recurrente en el contexto peruano, por ejemplo, la Universidad César Vallejo, privada y creada a partir del DL 882, facturó en el 2014 S/. 532 millones y tuvo como utilidad neta S/. 124 millones. ¿Qué ganamos y qué perdemos cuando hacemos de la educación un negocio?
Por otro lado, los dueños de estas universidades en España son principalmente organizaciones católicas o de inspiración cristiana y empresas no relacionadas a la educación, tal como la familia Segovia, quien ganó 2,7 millones de euros en el último año con Institución Educativa SEK, o fondos de inversiones como CVC Capital Partners, que tiene la universidad privada más rentable, la Universidad Alfonso X.
El plan de estas universidades, como se comenta en este noticia, es “ganar en tamaño para ahorrar en los costes fijos; la creación de grandes instituciones educativas integradas, dando lugar a grandes grupos educativos que abarquen desde Primaria hasta la Universidad; la internacionalización del alumnado para atraer estudiantes latinoamericanos y asiáticos para elevar los ingresos por matriculaciones; la innovación educativa para competir con los grandes campus presenciales públicos; la mencionada y creciente demanda de formación; y la transformación de la operativa interna para aumentar la eficiencia de las organizaciones y reducir gastos”.
Entre las críticas a estas nuevas universidades, además del creciente número y la sensación de que no paran de crecer, destaca la de Carlos Andradas, rector de la Universidad Complutense de Madrid, quien considera que “estas tres [universidades] madrileñas que están sobre la mesa ahora proponen un tamaño de 2.500-3.000 estudiantes. Yo llamaría a eso muchas cosas, pero no universidades. Son grupos muy pequeños que obedecen a intereses particulares”. Asimismo, los rectores hoy reclaman una nueva ley universitaria y más financiación.
Recapitulando la pregunta inicial, ¿qué puede enseñarle el proceso de privatización de la universidad peruana al que vive España actualmente?, habría que agregar que mucho. La desregulación en la creación de universidades, como la que experimenta hoy en día el caso español, puede tener serias consecuencias en la calidad de oferta educativa, hecho que en principio es tanto engañar al estudiante, en este caso consumidor, y perjudicar a la sociedad, debido a posible baja calidad de los egresados. Por otro lado, algunas de las nuevas universidades privadas en el Perú han servido a fines políticos claros, tal es así que podemos categorizarlas como universidades-partido, hecho que debería también tomarse en cuenta al “otro lado del charco”. ¿Qué debería incluirse en esta ley universitaria que buscan los rectores españoles? ¿Estamos frente a una posible baja de la calidad o son otros los problemas? Sin duda alguna, este escenario comparativo merece mayor detalle.
Fuentes:
Documentos: