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Fecha de publicación:
20/10/2025
El Perú viene enfrentando un deterioro sistemático de su gobernabilidad, un alarmante aumento de la criminalidad y una erosión del tejido democrático. Y en este escenario, la academia no puede permanecer ajena. Por ello, del 14 al 16 de octubre, la PUCP realizó Aula Magna XXIX, evento académico que, bajo el título “Crimen y economía ilegal en el Perú: retos urgentes para las elecciones 2026”, reunió a especialistas, autoridades, empresarios y políticos en un contexto decisivo: un país golpeado por la violencia, la desconfianza y la crisis institucional, y a las puertas de las elecciones 2026.
Tal como señaló el vicerrector académico, Dr. Waldo Mendoza, el estancamiento económico y la expansión del crimen son síntomas de un mismo mal. “En los últimos cuatro años, la economía peruana ha crecido apenas 2%, cuando podría hacerlo al 6% u 8%. El crimen, la extorsión y la violencia están afectando el consumo, la inversión y, sobre todo, la confianza”, afirmó en la edición XXIX del evento. “Este no es solo un problema económico: la sociedad, la política y las instituciones están siendo virulentamente afectadas. La universidad no puede permanecer al margen de estos acontecimientos”, aseveró ante la audiencia que copó el auditorio de Derecho desde el primer día.
En los últimos cuatro años, la economía peruana ha crecido apenas 2%, cuando podría hacerlo al 6% u 8%. El crimen, la extorsión y la violencia están afectando el consumo, la inversión y, sobre todo, la confianza. La universidad no puede permanecer al margen de estos acontecimientos”.
Dr. Waldo Mendoza
Vicerrector académico
Por su parte, nuestro rector, Dr. Julio del Valle, destacó el compromiso de la PUCP con el país. “En momentos de crisis como el que vivimos, cuando la polarización amenaza con paralizar cualquier diálogo constructivo, la academia tiene una responsabilidad ineludible. No pretendemos tener todas las respuestas, pero sí la capacidad de convocar a quienes pueden construirlas colectivamente. En tiempos de sectarismo, la universidad debe ser espacio plural; en tiempos de desesperanza, fuente de propuestas viables”, declaró.
No pretendemos tener todas las respuestas, pero sí la capacidad de convocar a quienes pueden construirlas colectivamente. En tiempos de sectarismo, la universidad debe ser espacio plural; en tiempos de desesperanza, fuente de propuestas viables”.
Dr. Julio del Valle
Rector
Finalmente, invitó a que lo debatido en esta Aula Magna no quede dentro de las aulas. Y exhortó a que influya en los programas de gobierno, los debates parlamentarios y las decisiones de política pública. Para él, ese es el verdadero aporte de la academia: transformar el conocimiento en acción y esperanza para el país.
La primera jornada de Aula Magna XXIX dejó una reflexión profunda sobre el país y la región. Bajo el título “Economías ilegales en América Latina: cómo pensar sus implicancias para el Estado, la democracia y el desarrollo”, el Dr. Juan Pablo Luna, politólogo y docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, invitó a mirar más allá de las fronteras peruanas para entender un fenómeno que atraviesa a toda América Latina.
Moderada por la Dra. Mónica Bonifaz, vicerrectora administrativa, la sesión contó con los comentarios de la Dra. Maritza Paredes, directora de Sociología PUCP, y del ingeniero Víctor Gobitz, CEO de Quilla Resources y presidente de la Asociación de Egresados y Graduados PUCP.
Luna habló sin rodeos sobre la “erosión del Estado”: la pérdida progresiva de legitimidad, autoridad y capacidad para mejorar la vida de las personas. “En los últimos 20 años, el Perú creció económicamente, pero también incorporó cada vez más economías ilegales. Eso erosiona la institucionalidad y genera una crisis de crecimiento”, advirtió.
En los últimos 20 años, el Perú creció económicamente, pero también incorporó cada vez más economías ilegales. Eso erosiona la institucionalidad y genera una crisis de crecimiento”.
Dr. Juan Pablo Luna
Politólogo y docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Con ejemplos de Chile, Uruguay, Brasil, Argentina y el propio Perú, mostró cómo los mercados ilegales se expanden allí donde el Estado se ausenta, ocupando sus espacios con ofertas de empleo, seguridad y hasta identidad para los jóvenes. “Cuando el Estado deja de marcar una diferencia, otros actores —a menudo, criminales— llenan ese vacío”, señaló. El desafío, sostuvo, no es solo de seguridad, sino de modelo de sociedad. “Necesitamos reinventar la democracia y construir un desarrollo capaz de disputarle a lo ilegal la legitimidad”, propuso.
Durante sus comentarios, la Dra. Maritza Paredes realizó una lectura profunda de las economías ilegales en el Perú. Sostuvo que lejos de estar al margen, forman parte estructural del sistema productivo nacional: “No son un mundo aparte. Sostienen el empleo, el comercio y, en muchas regiones, proveen servicios básicos”.
Ejemplos sobran. En el Vraem, la renta de la coca mueve toda la economía local; en Ucayali, permite que los agricultores transiten hacia la palma; y en la minería aurífera, el oro ilegal se mezcla con el formal, dinamizando transporte, construcción e inversión inmobiliaria. Estas actividades, estimó, representan entre el 3% y el 4% del PBI, casi la mitad del peso de la minería formal.
Paredes advirtió que tratar lo ilegal solo como crimen es atacar los síntomas, no la enfermedad. “Es también un problema económico y político”, señaló, insistiendo en políticas que reordenen los incentivos y reconozcan la dimensión territorial del fenómeno.
Por su parte, el ingeniero de minas Víctor Gobitz, analizó el vínculo entre minería y economías ilegales. Recordó que el sector minero representa cerca del 12% del PBI, y que el oro y el cobre concentran más del 85% de ese valor. Sin embargo, advirtió que el alto precio del oro ha permitido su penetración en circuitos ilegales y criminales.
Gobitz estimó que casi 500 mil personas trabajan en la minería aurífera ilegal. Por ello, planteó que el problema no se resuelve cortando la actividad, sino formalizándola. “A diferencia del narcotráfico, el oro puede ingresar al mercado global; por eso, la trazabilidad es clave”, señaló.
También llamó a las empresas formales a reconocer su responsabilidad. “Estas actividades ilegales no serían posibles sin su contacto con lo formal. La academia debe liderar el esfuerzo por hacer visible y ordenar esta realidad”.
En su exposición “Economías ilegales en el Perú: diagnóstico”, el Dr. Dante Vera, director fundador de V&C Analistas, realizó un diagnóstico estructural y advirtió que las economías ilegales en el Perú constituyen “un sistema de poder económico, social y político criminal que tiene sus propias reglas, trazabilidad y mecanismos de financiamiento”.
Lo primero que debemos hacer es intervenir en los operadores de justicia. Solo así podremos frenar esa conciencia de impunidad que se ha instalado en el país, y alinear a la sociedad civil y al Estado en una acción conjunta contra las economías ilícitas”.
Dr. Dante Vera
Director fundador de V&C Analistas
Desde un enfoque sistémico, explicó que estas redes operan como “cadenas de valor que articulan territorio, gobernanza y mercados transnacionales, y acumulan poder”, lo que permite comprender su expansión y persistencia en el tiempo. Para Vera, la infiltración de organizaciones criminales en los eslabones logísticos y financieros, junto con la captura territorial e institucional del Estado, ha configurado un entramado que no solo erosiona la economía formal, sino que también socava la gobernabilidad democrática.
Vera alertó, además, sobre la “conciencia de impunidad” que se ha instalado en la ciudadanía, y la urgente necesidad de reformar los operadores de justicia y seguridad —la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial— para frenar la extensión del crimen. “El delito más extendido es la extorsión. Lo que la gente está reclamando es justicia, porque se siente desprotegida. Esa sensación de impunidad es total”, sostuvo. “Por eso, lo primero que debemos hacer —y de manera urgente— es intervenir en los operadores de justicia. Solo así podremos frenar esa conciencia de impunidad que se ha instalado en el país, y alinear a la sociedad civil y al Estado en una acción conjunta contra las economías ilícitas”, enfatizó.
Durante la segunda fecha, la exministra de Defensa y actual gerente de Relaciones Institucionales de Southern Perú, Nuria Esparch, y el doctor Eduardo Dargent, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP, plantearon que la respuesta al avance de las economías ilegales necesita tanto decisión política como compromiso académico.
Desde su experiencia en el sector público, Esparch destacó que la minería ilegal debe ser reconocida como una amenaza directa a la seguridad nacional. De esa manera, se le podría asignar un presupuesto eficiente y una capacidad operativa real. “La minería ilegal tiene todas las características de una amenaza: es un agente hostil que afecta la estabilidad del Estado y vulnera nuestras fronteras”, señaló con firmeza. Subrayó que el país viene enfrentando este problema con recursos ínfimos —apenas S/ 70 millones anuales— frente a un negocio que mueve miles de millones de dólares, y alertó que, en muchas zonas, “la minería ilegal está sustituyendo al Estado” al ofrecer dinero, empleo y obras básicas a comunidades abandonadas.
Por su parte, el politólogo Eduardo Dargent reflexionó sobre el rol de la universidad frente a esta crisis. Sostuvo que, más allá de formar profesionales, la academia tiene el deber de investigar, incomodar al poder y construir pensamiento crítico. “La universidad es útil porque molesta; porque señala los problemas que el Estado y la sociedad prefieren no ver”, afirmó.
Ambos coincidieron en que sin Estado ni conocimiento, la democracia se vuelve frágil e indefensa frente al poder ilegal.
La segunda jornada de Aula Magna nos permitió mirar más allá de las cifras delictivas para comprender un fenómeno estructural: la instalación del poder ilegal dentro del Estado, la economía y la vida cotidiana. Lejos de ser solo un problema de seguridad, el avance de las economías ilegales revela una crisis profunda de legitimidad institucional y de valores públicos.
La socióloga Lucía Dammert abrió la noche con la ponencia “Impacto social de las economías ilegales y el crimen organizado: desafíos clave para la acción estatal”. Su diagnóstico fue contundente: las economías ilegales ya no operan al margen del Estado, sino con él. Actividades como la minería ilegal, la trata de personas, el contrabando o el tráfico de oro han aprendido a convivir con la legalidad. “El poder ilegal no se esconde, se consolida cuando el Estado es débil o cómplice”, afirmó.
El poder ilegal no se esconde, se consolida cuando el Estado es débil o cómplice. Cuando un mercado ilegal funciona perfectamente, no necesita matar a nadie; solo necesita que nadie lo moleste”.
Dra. Lucía Dammert
Socióloga y profesora de la Universidad de Santiago de Chile
Dammert describió tres pilares que sostienen ese poder paralelo: la corrupción institucional, la debilidad estatal y la capacidad económica de los mercados ilícitos para cooptar instituciones. Alertó además sobre una paradoja: la aparente reducción de la violencia no siempre indica éxito, sino a veces la consolidación de estructuras criminales estables que prefieren el silencio al conflicto. “Cuando un mercado ilegal funciona perfectamente, no necesita matar a nadie; solo necesita que nadie lo moleste”, advirtió.
El sociólogo Agustín Espinoza retomó la dimensión moral del problema citando a González Prada, quien hace más de un siglo lamentaba la ausencia de sanción social frente a la corrupción. “Hemos cambiado los nombres, pero no las prácticas”, sostuvo. Para él, la corrupción se ha socializado: ya no es solo un acto de poder, sino un hábito cotidiano. Desde la ciencia política, explicó, esta cultura de la impunidad refleja un debilitamiento institucional que impide construir el bien común. En un sistema donde “el que no roba es un tonto” o “plata es plata”, la corrupción deja de ser excepción y se convierte en norma. “Cuando el sistema es corrupto, también socializa la corrupción”, afirmó. En respuesta, Espinoza llamó a revalorizar la política como espacio de formación cívica. “Hablar de política —dijo— es una forma de resistir al cinismo y de recuperar la fe en el país”.
La abogada Marcela Huaita trató una perspectiva clave: la dimensión de género en las economías ilegales. Señaló que el crimen organizado tiene impactos diferenciados en hombres y mujeres, especialmente en contextos de pobreza y corrupción donde la trata de personas se vuelve negocio impune. “No hay trata sin corrupción”, enfatizó.
Huayta explicó que la corrupción también se manifiesta con sesgos de género: a los hombres se les pide dinero; a las mujeres, favores sexuales. Por ello, propuso incorporar el enfoque de género en las políticas de seguridad, justicia y desarrollo, subrayando que las mujeres no son solo víctimas, sino también agentes de resistencia. Recordó los casos de Máxima Acuña, Ruth Buendía y Flor de María Vega como ejemplos de liderazgo en la defensa ambiental y territorial. “Sin la voz y participación de las mujeres —concluyó—, no será posible transformar las estructuras que perpetúan el crimen”.
El criminólogo Nicolás Zevallos complementó el análisis desde una mirada estructural: el Perú se ha convertido en un circuito criminal interconectado. Lo que antes eran delitos localizados —narcotráfico en el Vraem, minería en Madre de Dios o contrabando en Puno— hoy son cadenas logísticas nacionales que incluyen transporte, financiamiento, lavado de activos y corrupción administrativa.
“Detrás de cada economía ilegal, hay un ecosistema de delitos secundarios”, explicó. Además, destacó que la informalidad económica del país actúa como un puente hacia la ilegalidad: en entornos precarios donde no hay crédito, empleo digno ni regulación, el crimen encuentra terreno fértil. “El problema no es solo la ausencia del Estado, sino su presencia ineficaz o cómplice”, sentenció.
Las economías ilegales prosperan porque el Estado no controla, pero también porque la ciudadanía se adapta a esas reglas paralelas”.
Mag. Nicolás Zevallos
Criminólogo y director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología
Zevallos también advirtió sobre las microformas de corrupción que normalizan la ilegalidad: coimas para acelerar trámites, pagos por “seguridad” en barrios o favoritismos en licitaciones. “Las economías ilegales prosperan porque el Estado no controla, pero también porque la ciudadanía se adapta a esas reglas paralelas”, explicó.
Su propuesta: diseñar políticas territoriales diferenciadas por región —no es lo mismo Puno que Pataz—, mapear redes criminales y entender sus incentivos económicos. “No basta con declarar emergencias, hay que comprender quiénes son los actores y cómo se mueven dentro del sistema”.
Desde una visión de desarrollo, la especialista y docente PUCP Jenny Vento resaltó que los territorios más golpeados por la minería ilegal o el narcotráfico son los más abandonados por el Estado. “Allí donde no hay escuelas ni hospitales, las redes criminales se convierten en los únicos empleadores posibles”, afirmó.
Planteó alianzas público-privadas y estrategias de planificación regional que ofrezcan alternativas productivas sostenibles. “No se trata solo de erradicar actividades ilegales, sino de ofrecer oportunidades reales”, dijo. En esa línea, propuso compromisos de largo plazo del sector minero y pesquero para invertir en educación, infraestructura y empleo digno.
Las conclusiones de la jornada coinciden en una idea central: la criminalidad no es un fenómeno externo, sino una expresión de las desigualdades, la informalidad y la erosión del Estado. Desde la extorsión cotidiana hasta las redes globales de trata y lavado, el crimen se ha integrado al sistema.
Los ponentes coincidieron en tres líneas de acción: conocer y mapear el problema, reconstruir la institucionalidad desde el territorio, y priorizar la prevención sobre la reacción. Dammert resumió el desafío: “No existen casos exitosos en la región; apenas experiencias prometedoras”.
La segunda jornada de Aula Magna cerró con una reflexión urgente de Nicolás Zevallos, que nos interpela: “¿Estamos preparados para dar una respuesta efectiva frente al avance de las economías ilegales? ¿Seremos capaces de integrar a los 1.4 millones de peruanos que hoy dependen de ellas a un sistema formal e inclusivo?”.
La tercera jornada, de cara a las elecciones de 2026, miró al futuro inmediato. Para ello, fueron convocados representantes de diversos partidos políticos para debatir la expansión del crimen organizado y las economías ilegales. Bajo la conducción del vicerrector académico, Waldo Mendoza, el encuentro reunió a voces de todo el espectro ideológico para discutir las rutas posibles hacia un Estado más fuerte, justo y transparente. Se discutieron temas como minería ilegal, criminalidad, reforma de la Policía, impunidad, representación, y la necesidad y la forma de llegar a consensos.
Mendoza inauguró la sesión con un llamado a la reflexión serena y colectiva. “Asistimos a una crisis política tan recurrente que pareciera haberse instalado en nuestra sociedad. Cada cierto tiempo, las cosas estallan en violencias. Esta inestabilidad se empieza a volver peligrosamente una constante”, sostuvo.
Nuestro vicerrector académico subrayó la paradoja de un país cuya economía “resiste pese a todo”, pero donde la crisis de representación política erosiona la confianza ciudadana y alimenta la polarización. “Dialogamos menos, etiquetamos más. Creemos que la universidad tiene un rol fundamental para generar espacios que permitan pensar en calma acerca de nuestro país”, insistió.
El minuto de silencio en memoria de Eduardo Ruiz Sáenz, joven fallecido durante la protesta del 15 de octubre en Lima, marcó el tono humano y ético de la jornada. Mendoza pidió que el Aula Magna 2025 sirviera también como un espacio “para la reflexión, el entendimiento y la construcción colectiva de un futuro mejor”.
Los primeros en exponer fueron Juan Carlos Liendo (Avanza País), Carlo Magno Salcedo (Ahora Nación) y Yonhy Lescano (Cooperación Popular), moderados por la politóloga Karen López-Tello. Aunque provenientes de corrientes distintas, coincidieron en que el problema no es solo técnico ni policial, sino moral e institucional.
Liendo abordó el crimen desde una óptica geopolítica. Señaló que el Perú vive “el periodo de violencia criminal más grande de su historia” y que las economías ilegales —en especial la del oro— se han convertido en el “centro de gravedad del crimen transnacional”. Además, propuso una respuesta estratégica de cinco años, articulada en tres etapas: intervención inmediata, reformas institucionales y consolidación democrática.
Carlos Magno Salcedo, por su parte, responsabilizó al Congreso de haber legislado “a favor del crimen y la delincuencia” mediante normas que facilitan la impunidad. “¿Cómo puede un Estado luchar contra la inseguridad si la propia Policía está infectada de corrupción?”, interpeló. Para él, el primer paso es recuperar la “moral del ejercicio del poder”. Sin ella, cualquier plan de seguridad “se quedará en tinta sobre el papel”, sostuvo.
Desde una mirada más ciudadana, Yonhy Lescano insistió en que no hay Estado donde no hay autoridad. “Los 135 mil policías están para defender a los ciudadanos. ¿Hay Estado? No hay Estado”, afirmó. Propuso medidas preventivas y cercanas: más presencia policial en las calles, centros de rehabilitación y apoyo al campo. “El delincuente golpea cuando no está la autoridad; el Estado debe cuidar, no castigar por espectáculo”, dijo en alusión a los modelos autoritarios extranjeros como el de Bukele.
En la segunda mesa, participaron Alejandro Salas (Perú Primero), Rafael Belaúnde (Libertad Popular) y Guillermo Bermejo (Voces del Pueblo – Alianza Venceremos), moderados por el periodista Augusto Townsend. Las tres intervenciones convergieron en un punto: las economías ilegales se han infiltrado en el Estado, y exigen respuestas que combinen inteligencia, transparencia y reforma institucional.
Salas advirtió que el país enfrenta un déficit de confianza. “¿Confía el ciudadano en su Policía, en la Fiscalía, en la justicia? No. Y cuando la confianza se pierde, el crimen gana terreno”. Propuso fortalecer las instituciones, actualizar el Acuerdo Nacional y focalizar la intervención estatal en regiones donde el crimen ha normalizado su presencia.
Desde una perspectiva liberal, Belaúnde planteó una estrategia tecnológica y operativa: reforzar la inteligencia policial y judicial mediante software actualizado y coordinación directa entre Estado, operadores de telecomunicaciones y sistema financiero. “El Perú ya derrotó el terrorismo con inteligencia; puede derrotar la extorsión y la minería ilegal si articula sus recursos”, sostuvo. Propuso además que el Estado instale plantas de procesamiento de oro para controlar la trazabilidad y romper el circuito del lavado.
Por su parte, Guillermo Bermejo llamó a una limpieza profunda de la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial. Estas instituciones —dijo— “han sido quebradas por el dinero del narcotráfico y la minería ilegal”. Criticó que “el Perú produce hoy más de mil toneladas de cocaína al año” y pidió revisar la política antidrogas. “No se puede reformar un cuerpo enfermo”, afirmó, reclamando una intervención integral que incluya reforma judicial y control civil de las Fuerzas Armadas.
La diversidad de propuestas vertidas en Aula Magna reveló un consenso transversal: la urgencia de una reforma moral y estructural del Estado. Mientras unos enfatizaron la necesidad de “mano firme” y coordinación multisectorial; otros insistieron en políticas preventivas, educación cívica y lucha contra la corrupción desde la base.
Como resumió Waldo Mendoza en la clausura, Aula Magna reafirmó el papel de la universidad como espacio para pensar el país desde la evidencia y la pluralidad: “No aspiramos a estar todos de acuerdo, sino a vislumbrar diversas salidas y construir nuevas. La universidad no reemplaza a la política, pero puede ayudar a mejorarla”.
El Aula Magna 2025 cerró, así, con una advertencia y una promesa. La advertencia: el crimen y la ilegalidad no son solo desafíos de seguridad, sino síntomas de un Estado debilitado y de una política desconectada. Y la promesa: que la universidad seguirá siendo un espacio para pensar el país “en calma, con rigor y con esperanza”.
Fuente: PuntoEdu