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Fecha de publicación:
13/6/2019
El Institute for Women’s Policy Research señala que en el año 2009 se encontró que casi un cuarto de los estudiantes universitarios en Estados Unidos reportan tener hijos. Esta proporción, además, aumenta a un tercio entre las minorías raciales y los estudiantes de primera generación. Entre ellos, el riesgo de deserción era prevalente (más del 50%), lo cual cobra sentido al considerar que se encuentra que el 40% trabaja a tiempo completo y más de la mitad de ellos invierten más de 30 horas semanales en actividades de cuidado. Además, se reconoce que estas poblaciones se concentran en costosas universidades privadas con fines de lucro.
En el Perú, vemos, según el censo del 2017, que el 16% de las mujeres entre 18-29 años matriculadas en instituciones educativas tienen por lo menos un hijo. No existe mucha mayor especificidad en esta data, por lo que se analizará la situación de estudiantes con dependientes financieros a través del Censo Universitario 2010. El término dependiente financiero se utiliza, pues este fue el indicador medido y, al tratarse de una encuesta autoaplicada, realmente no existe un estándar para lo que cada alumno considera como un dependiente suyo. Tanto parejas, como hermanos, padres u otros familiares podrían ser incluidos. Información complementaria podría obtenerse de la Encuesta Nacional de Hogares, o la base de datos de microdatos del INEI si se quiere ahondar más en el tema.
La edad y el nivel socioeconómico son los principales diferenciadores intrínsecos entre los estudiantes con y sin dependientes financieros (DF). Vemos así, que la edad promedio para estudiantes con DF es 27.3; esta población tiene 5 años y medio más que la de los estudiantes sin DF. Los niveles de ingreso familiar entre ambos grupos también son sumamente distintos, pues los alumnos con DF reportan un promedio de S/1,340 soles, mientras que los alumnos sin DF reportan alrededor de S/1,800 soles, 34% más. Asimismo, existe una clara brecha de género: el 31.8% de los hombres tienen DF, en comparación a 35.7% de las mujeres; además, se encuentra que este grupo de mujeres tiene alrededor de un año menos de edad promedio que los hombres, así como 150 soles promedio menos en ingresos familiares mensuales. Las mujeres con dependientes básicamente se encuentran en una posición más vulnerable. Finalmente, vemos que las cifras de empleo crean otro gran diferenciador: mientras que 62.7% de los estudiantes con DF trabajan, solo el 20.6% del resto de estudiantes lo hacen.
Mirando las cifras desde las universidades, vemos que no existe diferencia entre las privadas con y sin fines de lucro en proporción de alumnos con DF (31.9% y 31.1%), pero las públicas tienen una proporción notablemente menor (24.8%). Esta información puede ser desagregada para identificar el perfil de universidades con mayores proporciones de estudiantes con DF, lo cual, como señalamos se encuentra asociado a una mayor edad y menor nivel socioeconómico. Ver el siguiente cuadro (click en la imagen).
Al analizar a las universidades que tienen mayoritariamente alumnado con DF, se nota una clara concentración en universidades privadas con fines de lucro pequeñas (3), así como universidades sin fines de lucro masivas (2). La única universidad pública que aparece es la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Entre estas, solo la Universidad para el Desarrollo Andino se encuentra licenciada, y la Universidad Peruana de Integración Global incluso ya se la ha denegado la licencia. En contraste, las universidades con menor proporción de alumnos con DF se caracterizan por ser privadas asociativas, licenciadas y costosas (PUCP, UP, ULima, ESAN) y atienden a la población universitaria históricamente clásica: jóvenes de clase media/alta.
Apoyar a madres y padres estudiantes, en especial de bajos recursos, crea beneficios contundentes y multigeneracionales. Este apoyo además debe estar concentrado en las figuras de cuidadores principales que en el Perú suelen ser mujeres, grupo que como hemos visto tiene en general menor edad y nivel socioeconómicos. El partido Nuevo Perú ha presentado un proyecto de ley que "prohíbe la discriminación en razón de la maternidad y contra la infancia para el acceso a espacios de educación superior y laborales". Así, en el futuro la obstaculización a la entrada de bebes bajo cuidado a las universidades podría estar penada (ver 1, 2 y 3); sin embargo, vale la pena preguntarse cuáles son los servicios que existen para atender las necesidades de cuidado de los niños cuando llegan a entrar en los campus.
A mediados de mayo, la Universidad María Auxiliadora inauguró una guardería dirigida a los hijos de sus estudiantes. Gladys Moran, gerente general de la universidad, explica que "la guardería surgió por la necesidad de nuestras estudiantes. De nuestros 1.750 alumnos, 300 son mamás de niños menores de tres años. Y de esa población, el 25% necesitaba una ayuda". La guardería cuenta con capacidad para 25 niños. La PUCP, por otro lado, cuenta con una sala cuna desde hace décadas que actualmente admite alrededor de 50 niños entre alumnos y docentes tras una evaluación socioeconómica del caso, pero dándole prioridad (92% de vacantes) a administrativos. Esto solo dejaría dos vacantes específicamente para alumnos. Finalmente, vemos que la Universidad Nacional de Cajamarca anunció en el 2018 que espera firmar un convenio con el programa nacional Cuna Más para ofrecer el servicio de guardería a sus trabajadoras y alumnas. Un vínculo con los programas sociales existentes se configuraría así como una posibilidad interesante para las universidades públicas. Por ahora, sin embargo, existe un grave déficit de infraestructura de cuidado que sin duda fuerza a muchos alumnos a desertar.
Finalmente, si bien el número de madres y padres jóvenes con hijos tiende a disminuir, por ahora son más de 500 mil personas las que tienen limitaciones para hacer estudios superiores en universidades o en institutos, y en algunos casos concluir su educación básica, lo que constituye un mecanismo de reproducción de la pobreza para aquellos de sectores socioeconómicos más desfavorecidos. Este es un espacio para una política de inclusión que mejoraría las condiciones de vida de más de una generación.
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