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Fecha de publicación:
28/3/2019
Con motivo del I Encuentro de Observatorios de Educación Superior, conversamos con Carlos Mario Lopera Palacio, director del Observatorio de la Universidad Colombiana.
1. El Observatorio de la Universidad Colombiana cuenta ya con 12 años analizando y criticando la educación superior en Colombia y, en comparación a otros observatorios latinoamericanos, es el único que no pertenece a ninguna universidad u organismo gubernamental ¿Nos podrías contar un poco sobre cómo nació esta propuesta? ¿Siendo una iniciativa de la sociedad civil, qué retos han afrontado a lo largo de estos años?
El Observatorio responde a una iniciativa personal mía, como producto de mi recorrido en el sistema de educación superior y el análisis en torno de por qué es tan importante para el diseño de la política pública y la calidad de la misma, contar con información oportuna, transparente e independiente. Hoy El Observatorio cuenta con una amplia red de expertos, académicos e investigadores sobre educación superior en Colombia.
Así, El Observatorio aporta un análisis crítico con respecto a las actuaciones de un sistema de educación superior que se caracteriza por las asimetrías en la información y, por ende, los beneficios que obtienen quienes tienen favorecimientos con los que toman las decisiones públicas, los que tienen más presupuesto para hacer publicidad o, inclusive, los que pueden esconderse o pasar agachados frente a los medios de comunicación y algunos organismos de investigación judicial, ante la ausencia de comprensión técnica de los demás medios masivos de comunicación. Al no depender del Estado, gobierno local, universidad o empresa comercial, El Observatorio es un ente absolutamente independiente, lo cual le favorece en su credibilidad y posicionamiento entre el sector de la educación superior. Su principal dificultad, en algunos casos, es el acceso a información oficial de primera mano, además de la restricción presupuestal, pues tampoco acepta publicidad de parte de las universidades.
2. En septiembre del año pasado (2018), decidieron no seguir publicando notas sobre rankings alegando que estos sirven a una lógica comercial-empresarial que está llevando a las universidades y rectores a enfocarse en ciertas áreas específicas (investigación, calidad, etc.) en desmedro de compromisos institucionales básicos. Este rechazo y crítica a los rankings gana cada vez más fuerza en distintos espacios –el cual, además, forma parte una crítica mayor: “la universidad como empresa en el capitalismo académico-cognitivo”. ¿Cuál es la posición de la universidad colombiana, privada y pública, frente a esta nueva ola crítica?
El sistema de educación superior colombiano no ha asumido una posición clara con respecto a los rankings, aunque cada día aumenta –como usted indica- el rechazo del sector por considerar que estos son fotografías de un momento específico, pero no de toda la realidad, y muchos de ellos están motivados por intereses económicos. Algunas pocas universidades acceden a esto, pagando por participar allí, y los medios masivos de comunicación son los que más “compran” estos rankings, por lo sonoro que son los titulares (las mejores, las más y etc.), pero son tantos los rankings y tan seguidos que terminan siendo parte del paisaje, poco aportan a la consolidación del sistema.
El Observatorio considera que los rankings, tal y como han sido diseñados y están siendo usados, solo sirven para desorientar a la opinión pública y poco o nada para elevar realmente la calidad.
3. A inicios del presente año, la presidencia de la República de Colombia declaró que la educación superior es un servicio y no un derecho, lo que generó una ola de rechazo y volvió a reanimar el siempre presente debate sobre la universidad como bien público. A esto, considerando la tendencia a la desfinanciación de la educación pública en aras de la privatización ¿cuál es el estado de la universidad pública colombiana actualmente? ¿Cómo ha actuado el gobierno y la sociedad civil frente a las protestas universitarias de fines del año pasado?
La educación superior en Colombia se oferta, casi por mitades, por universidades privadas (que no tienen subsidio alguno del Estado) y las públicas (que reciben sólo parte del dinero de su funcionamiento del Gobierno), por lo que los estudiantes de las universidades oficiales no tienen gratuidad plena en su matrícula y menos en apoyos de sostenimiento.
La Constitución Política de Colombia, del año 1991, señala que “la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social”. Además, que “el Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior”. Es decir, lo que ha dicho la actual Presidencia es lo que está en la Constitución.
El debate que se dio en las protestas universitarias se basó en la demanda de que el Estado aumentara su financiamiento. Las protestas de finales de 2018 finalizaron tras el compromiso del Estado de asignar más recursos para el funcionamiento de las universidades, pero este no se condicionó a gratuidad ni a rebaja de matrículas.
4. Por último, en Perú contamos el programa Beca 18, semejante a lo que fuera el Pilo Paga ¿por qué fracasó Pilo paga? ¿Qué errores cometió y qué pueden aprender becas de otros países de Latinoamérica?
Ser Pilo Paga tuvo la buena intención de dar educación gratuidad, completa, a los mejores bachilleres del país. La manera cómo se administró fue lo que generó la molestia que llevó a que el sector (especialmente las universidades públicas) lo rechazara. Algunos de los hechos que generaron el malestar fueron (i) el costo de dar educación universitaria a 40 mil estudiantes equivalía a los mismos recursos que el Estado transfiere al año a las 32 universidades públicas para formar cerca de 800 mil estudiantes; (ii) los recursos públicos del programa fueron asignados en más del 80 % para universidades privadas; y (iii) solamente se benefició al 2 % de los bachilleres del país, mientras que miles de colombianos tenían problemas de acceso a la universidad.
Los beneficiarios del programa no tenían ninguna contraprestación por la beca recibida. Generalmente, los países que recurren a estos mecanismos de beca-crédito lo hacen más como una forma de aliviar la presión social por la gratuidad y como arma política, pero ajena a una política pública.
Imagen: La Silla Vacía