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Fecha de publicación:
29/8/2019
Las universidades públicas (regional public colleges and universities) son instituciones que tradicionalmente han cumplido un rol importante en la educación superior estadounidense, dependen del financiamiento de cada Estado y ofrecen precios que van de menos a más según sean estudiantes del propio estado, del resto del país, o del exterior (en promedio una universidad privada puede costar US$ 55 mil dólares al año, y una pública entre US$ 35 mil y US$ 13 mil).
Sin embargo, el depender del financiamiento estatal y la matrícula las coloca en una situación donde reciben una enorme presión para mantenerse en el sistema de educación superior, pues no son tan fuertes y prestigiosas como las grandes universidades de investigación y, por otro lado, son más costosas que los community college. A pesar de este contexto, logran sobrevivir a los vaivenes de la política y se han convertido en un centro de referencia sociocultural para sus comunidades, pues promueven la movilidad económica de sus estudiantes y permiten el acceso de grupos minoritarios y subrepresentados a la educación superior y al trabajo.
En este reciente estudio, se señala que actualmente las universidades regionales estadounidenses han encontrado nuevas fuentes de ingreso para hacer frente a las restricciones del financiamiento estatal; así, han logrado expandirse y ampliar su oferta de educación en línea para incrementar la matrícula. Incluso, se han fusionado o han tenido que participar de asociaciones (que antes no hubieran considerado) con los community colleges para satisfacer las necesidades de sus comunidades y, en este contexto, enfrentan grandes desafíos, pues las universidades públicas regionales son complejas y varían de acuerdo a cada estado. El primer desafío está relacionado con el financiamiento, en tanto hay que partir por aceptar que el problema de recursos limitados va existir siempre y, por más esfuerzos por ampliar la matrícula, es necesario que las instituciones puedan ir más allá de las formas tradicionales para explorar y generar recursos, crear alianzas con otras instituciones, etc.
El segundo desafío está en buscar la forma de conectar las necesidades de los estudiantes con lo que ofrece la universidad; en este sentido, es importante que las instituciones estén alineadas con las demandas de los estudiantes en distintos aspectos para mantener y mejorar las tasas de matrícula. Por ejemplo, pueden ofrecer una combinación de programas adecuada y acorde con las necesidades de los alumnos y la comunidad, ofrecer niveles de apoyo estudiantil, horarios de clase acordes con el tipo de estudiantes, ofrecer métodos de enseñanza novedosos y útiles, y, además, mantener un grado de relación con la sociedad y la cultura de su comunidad.
El tercer desafío tiene que ver con el lugar donde se ubican las instituciones y las demandas de la comunidad y en función de ello las elecciones que dentro de su gestión y propuesta educativa deben de hacer. En un momento en que el crecimiento económico se ha centrado solo en ciertas áreas y en comunidades específicas, ¿cómo pueden las universidades públicas regionales servir a aquellos estudiantes que se han quedado atrás? Aunque las respuestas pueden ser diferentes, la pregunta debe ser respondida desde dos puntos de vista: el primero, el de la universidad pública regional en un área rural con pocas oportunidades laborales actuales; y, el segundo, el de la universidad regional en una ciudad en auge donde las tasas de desempleo son persistentemente más altas para ciertos grupos de estudiantes minoritarios.
Todos estos desafíos que se plantean en el informe solo pueden resolverse si las instituciones de educación superior coordinan entre sí y trabajan de manera conjunta para que las políticas estén alineadas con la gestión desde las universidades, pero también requerirán liderazgo de rectores, decanos, administradores y miembros de las instancias de gobierno regional.
Antes de la expansión del sistema y liberalización del mercado de educación superior, las universidades públicas en el Perú tenían una parte importante de matrícula a nivel nacional, pero el ingreso era restringido. El cambio en el panorama de la educación superior y su masificación debido a la irrupción de las universidades privadas o las llamadas “universidades chicha” amplió el acceso a otros sectores de la población y se modificó también la naturaleza de la oferta educativa. Sin embargo, no necesariamente el mercado fue capaz de asegurar una educación de calidad.
En el Perú, existen 49 universidades públicas que albergan a más 400 mil estudiantes; de este total, 9 están en Lima y 40 en los departamentos a nivel nacional. En la actual reforma, 37 universidades públicas han sido licenciadas y quedan pendientes 12 (5 con plan de adecuación aprobado, 2 con plan de adecuación requerido, 4 en revisión documentaria y 1 en verificación presencial (ver cuadro). No está claro aún si alguna va a cerrar y si está previsto que algunas fusionen con otras estatales, pues la Ley no estipula fusión alguna (ver nota previa). Además, está el tema de cómo las universidades públicas van a poder acoger a los estudiantes de las universidades que no alcancen el licenciamiento, sobre todo a los que no puedan pasar a otras alternativas privadas por su condición socioeconómica.
A diferencia de EE.UU., en las universidades públicas peruanas el financiamiento proviene en mayor parte del Estado y hay recursos propios, que son entre el 30% y 40%, adicionalmente algunas reciben dinero del Canon si es que están en regiones con actividades extractivas. De manera similar, existen también muchas restricciones económicas, pues los fondos no son suficientes para ofrecer las mejores condiciones, los sueldos de los docentes son bajos y los profesores no están de acuerdo con las homologaciones que se ha establecido con otros funcionarios del Estado. Así mismo, no existe una política para la carrera docente y las universidades tienen miles de dificultades administrativas para poder ejecutar el presupuesto, lo mismo pasa con el canon (dinero que dan las empresas extractivas en favor de la educación).
Para las universidades públicas en el Perú, también se vienen importantes retos. En primer lugar, con el financiamiento recibido para el licenciamiento deberían potenciar sus capacidades para mejorar la investigación, mejorar su gestión, mejorar su infraestructura y brindar un servicio de calidad, ese fue el objetivo de la reforma. Sin embargo, el financiamiento no es suficiente y aún están pendientes muchos temas, aunque se ha logrado avanzar en otros.
Aún no sabemos qué pasará luego del licenciamiento y cómo la política de educación superior va a afrontar los problemas que aún quedan irresueltos vinculados a la calidad, financiamiento, sueldos docentes, falta de una carrera docente, etc. Mirando hacia el futuro, la población sigue creciendo y necesita educación superior para ingresar al mercado laboral y así lograr una mejor calidad de vida y contribuir con el crecimiento del país.