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Fecha de publicación:
25/4/2019
Durante los 90, la educación superior en Venezuela marchaba en la misma dirección que la brasilera, la élite iba a las universidades públicas, que no eran más de 30 antes del 2000, y contaban con un financiamiento adecuado para los estándares latinoamericanos; además, tenían una presencia interesante en los espacios académicos internacionales. Paralelamente, se desarrollaba una oferta privada en promedio de baja calidad, con sus excepciones claro está, que atendía las expectativas crecientes de los egresados del bachillerato escolar.
Asuntos como los de la inclusión y políticas públicas para aumentar el acceso a la educación universitaria –que en este país es constitucionalmente obligatoria- eran poco relevantes y la formación profesional técnica se desarrollaba con dificultad y sin llegar a constituir más de un tercio de la educación superior. Lejos estaban las políticas de rendición de cuentas, autonomía responsable, sólida vinculación con el entorno y proyectos multi o interdisciplinares orientados a propuestas de solución a los más importantes problemas del país. Todo esto por supuesto no impedía la existencia de una discusión sobre los cambios necesarios en el sistema.
Con la llegada de Chávez al poder en 1998, se inicia una nueva etapa en la educación superior venezolana. Luego de una etapa de un reforzamiento del Estado como rector de la educación nacional, en 2003 se crea la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) y se reconvierte el Instituto Universitario Politécnico de la Fuerza Armada en Universidad Nacional Experimental (UNEFA). En 2008, el Ministerio se convierte en el “órgano del Estado Socialista” en la educación universitaria, y entre 2012 y 2017 el modelo educativo se orienta a la formación ética socialista y a la producción socialista, el gobierno asume el control directo del ingreso y distribución de la matrícula, y regula las condiciones de trabajo de todo el personal que labora en las universidades oficiales (ver documento A).
Paralelamente desde 2003, se implementa con apoyo cubano la llamada Misión Sucre, cuyo objetivo es llevar la formación universitaria a todos los municipios del país. Para ello, se formularon programas académicos con una metodología basada en proyectos. En la actualidad, este programa cuenta con 500 mil egresados acreditados por las universidades creadas por el gobierno. De acuerdo con MC Parra-Sandoval, hay 33 universidades plenamente sometidas al gobierno y 11 autónomas.
Maduro ha puesto en marcha desde julio de 2018 la “Misión Luis Bigott, la cual está dirigida al perfeccionamiento de la educación municipalizada de triunfadores y triunfadoras egresadas y voluntarios […] activando los recursos para 100 mil cupos en programas de postgrado y formación avanzada para todos y todas los 500 mil graduados a nivel nacional”.
Toda esta transformación llevó la cobertura de la educación superior a ser la segunda en la región (86%), luego de Cuba. Sin embargo, los investigadores venezolanos señalan que todas estas iniciativas no son evaluadas debidamente y son más bien instrumentos políticos, pero a pesar de ello hay algunas evidencias de su fragilidad. Por ejemplo, la deserción de los profesores universitarios se calcula en 50%, los mismos que han sido reemplazados por personas cuyas calidades no están acreditadas, hay también una fuerte deserción de los estudiantes más pobres debido a la crisis que atraviesa el país, y las condiciones de estudio se han deteriorado sensiblemente de acuerdo con los datos recopilados por el Observatorio Universitario de Venezuela.
Albarrán señala en un estudio que 65% de los estudiantes podrían haber desertado, debido a la falta de oportunidades laborales futuras, aumento de sus gastos personales y académicos, interrupción de las labores académicas por continuas protestas sociales, carencia de recursos económicos, baja formación escolar secundaria y desmotivación, principalmente (ver documento A).
La idea de que el proceso revolucionario bolivariano llevaría a contar con una universidad con pertinencia social de la formación, de manera que el conocimiento producido en la universidad sea consustanciado con las necesidades sociales, es una falacia. Lo que ha ocurrido es una “trivialización de la educación superior, en tanto produce una falsa ilusión, tanto al individuo como a la sociedad. Al individuo, porque sus expectativas son que la institución en la cual estudia le provea de los conocimientos y destrezas necesarios como ciudadano, pero también como profesional, cuando realmente la credencial que le será otorgada carece de la calidad necesaria para incorporarse al mercado laboral” (ver documento A).
A la sociedad, porque esta idea de universidad desdeña el conocimiento científico y tecnológico del más alto nivel y prioriza la solución de problemas cotidianos, para cuya solución no se requiere producción de nuevo conocimiento, banaliza la función de investigación, al tiempo que la reduce a una condición utilitaria o, en el mejor de los casos, retórica, con lo cual se mantiene la condición de subdesarrollo y de dependencia científica y tecnológica de los países centrales.
Venezuela es un país semejante al Perú en tamaño y población, pero tiene otras ventajas, su geografía es menos agreste, está más urbanizado (solo 10% de la población es rural) y descentralizado, y tiene un PBI mayor. Pero las políticas que la han llevado a tener coberturas de educación extraordinarias no se reflejan hoy en un desarrollo equilibrado ni en el bienestar de su población.
Finalmente, un efecto colateral de esta política de sobrecredencialismo se refleja en los problemas que los migrantes tienen para el reconocimiento de sus títulos en los países de la región, particularmente en áreas como Medicina.
Fuentes:
Documentos: