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Fecha de publicación:
17/4/2019
Con más de 3 mil instituciones de educación superior y 4,2 millones de estudiantes, México es el país con más baja cobertura de este nivel educativo entre los miembros de la OCDE. Con una tasa de 38.4% en 2018, el país se encuentra 10 puntos porcentuales por debajo del promedio de Latinoamérica y el Caribe. Siguiendo a Tuirán, estas cifras no muestran el esfuerzo por aumentar la cobertura que aumenta de 22% a 30% entre 2001-02 y 2010-11, tarea que reposó principalmente en una expansión de la matrícula pública, tanto escolarizada, como a distancia [1]. De acuerdo con la propuesta de ANUIES, se proponía alcanzar para 2030 una cobertura de 60% (ver documento), pero el gobierno del Presidente López Obrador apunta a la universalización declarando como obligatoria la educación superior, evitando la deserción y creando 100 nuevas universidades.
Una de las barreras de entrada al sistema es el bachillerato, o “prepa” como lo llaman, de tres años de duración y al que los estudiantes postulan para ir a la universidad, donde pueden optar por estudios técnicos superiores, o carreras universitarias [2]. Los que no van a la “prepa” pueden llevar una carrera técnica de 2 años de duración e integrarse al mundo del trabajo a los 17 y 18 años si han sorteado sin problemas el curso de su educación básica. Otra característica del sistema es que las “prepas” pueden llevarse en las universidades, lo que las convierte a su vez en un filtro adicional. Andrés López Obrador se ha propuesto reducir a cero la alta deserción de la “prepa” a través de la Beca Benito Juárez que consiste en un subsidio de US$ 50 dólares mensuales para que los más pobres no dejen de estudiar y vayan a la universidad.
Los recursos para estas reformas saldrán del presupuesto asignado a la educación superior, por tanto, se ha reducido el financiamiento a las universidades públicas y las asignaciones al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología- CONACYT, una de cuyas funciones es también la de otorgar becas para la formación del capital humano. El supuesto es que no solo hay ineficiencia, sino también corrupción que debe desterrarse.
La gestión de las unidades del sistema está a cargo de instituciones públicas y privadas. En México hay más instituciones privadas, pero la matrícula es mayoritariamente pública. Las privadas, como en el caso del Perú y Brasil, pueden tener o no fines de lucro. México es la 15ava economía del mundo, sin embargo, solo dos de sus universidades (la UNAM y el ITESM) están en el rango 601-800 del ranquin del Times Higher Education. La inversión en Ciencia y Tecnología es (0,5% del PBI), la mitad que la de Brasil, y el actual mandatario ha indicado que se reducirá en 13,6%.
La evaluación de la calidad es otro tema importante. Hay varios programas gubernamentales destinados a mejorar la calidad vinculando la evaluación a la dotación de recursos financieros. Más allá de los aspectos positivos de esta estrategia, rendición de cuentas y ordenamiento de procesos, se encuentran algunas dificultades. La idea de contar con docentes con más calificaciones y dedicación, además de mejor infraestructura, no resuelve el problema, puesto que, como indica Fernández Fassnacht, “los índices de abandono escolar, el rezago o la eficiencia terminal no han mejorado, la oferta de contenidos y la organización curricular tampoco se ha actualizado sistemáticamente” y se han viciado los procedimientos de evaluación constituyéndose estructuras de poder arbitrarias. La ANUIES había propuesto construir un sistema de acreditación que mire más los resultados que los procesos, pero las propuestas del nuevo gobierno no parecen tener esta idea en la mira.
La carrera académica adolece de un bajo contingente de profesores a tiempo completo (30% aproximadamente), no existe estrategia nacional de reclutamiento, evaluación y promoción docente, la edad de retiro se desplaza por la insuficiente compensación de la jubilación, y no hay estrategias para promover el ingreso de jóvenes científicos. De otro lado, la movilidad docente y estudiantil es muy limitada, tanto como la poca capacidad de colaboración institucional, asunto que ha tratado de ser revertido creando en 2009 un Espacio Común de Educación Superior Tecnológica – ECEST, pero sin mayor éxito.
La ANUIES presentó en la segunda mitad de 2018 una propuesta consensuada por la mayoría de instituciones de la educación superior mexicana al 2030 que organizó en cinco secciones: i) Mejor gobernanza para el desarrollo del sistema de educación superior; ii) Ampliación de la cobertura con calidad y equidad; iii) Mejora continua de la calidad de la educación superior; iv) Ejercicio pleno de la responsabilidad social; v) Certeza jurídica y presupuestal para el desarrollo de la educación superior.
Por su parte, el gobierno mexicano ha comenzado a implementar una política educativa que desmantela los principios para la mejora de la educación básica y, en el campo de la educación, ha prometido que esta estará al alcance de todos, pero al mismo tiempo ha reducido el presupuesto para las universidades, para ciencia y tecnología, y también para las Escuelas Normales que se suponía iban a ser prioridad.
[1] Rodolfo Tuirán, secretario de la SEP sostenía en 2012 que el 70% de la expansión de la matrícula en lo que va del SXXI correspondía al esfuerzo público. Los datos de las IES en 2018 muestran que Querétaro, Sinaloa, Quintana Roo y San Luis de Potosí solo contaban con oferta privada de educación superior.
[2] Universidades Públicas: Federales, Con Apoyo Solidario; Institutos Tecnológicos; Universidades Tecnológicas; Universidades Politécnicas; Universidades Interculturales; Escuelas Normales Públicas; Otras.
Fuentes:
Documentos: