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Fecha de publicación:
14/10/2025
Profesora del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago de Chile
Entrevista: Oscar García Meza
Desde hace 25 años, la socióloga peruana Lucía Dammert recorre Latinoamérica estudiando de cerca las economías ilegales y la criminalidad organizada, así como las distintas maneras en que se las enfrenta. El tiempo y la evidencia le han servido a la doctora en Ciencia Política y docente en el Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago de Chile para determinar, por ejemplo, que el funcionamiento de los mercados ilegales está íntimamente vinculado con altos índices de corrupción y el abandono del Estado.
Este y otros alcances sobre el tema serán parte de su ponencia “Impacto social de las economías ilegales y el crimen organizado: desafíos clave para la acción estatal”, que se dará el miércoles 15 de octubre durante el segundo día de Aula Magna XXIX.
El Perú plantea más complejidades que otros países. Su situación pasa desapercibida porque la tasa de homicidios no es particularmente alta. Entonces, hay una brecha entre la magnitud de los fenómenos de violencia -como la extorsión o los delitos ambientales- y los datos oficiales sobre ellos. La investigación hecha en el terreno –por académicos y periodistas- muestra que el funcionamiento de los mercados ilegales en el Perú está íntimamente vinculado con muy altos índices de corrupción a nivel nacional y, principalmente, regional y local, tanto por miembros del sector público como privado; y, también, con un abandono de la presencia estatal.
Eso no pasa en muchos países: el caso peruano es excepcional. Hemos visto que en el Perú se aprueban leyes que claramente van dirigidas a fortalecer estas economías. Un punto fundamental es entender el mercado ilegal. Hay que dejar de enfocarnos solo en la organización criminal que lo sustenta, y más bien mirar cómo el dinero producido ingresa al mercado legal vía contrataciones, licitaciones y lavado de dinero. Por ejemplo, en la tala ilegal, desde el que corta el árbol hasta el que lo transporta y exporta son parte del problema.
Las crisis políticas y de gobernabilidad debilitan las capacidades del Estado. Este se va erosionando cuando sus representantes solo se preocupan por sus propios intereses y las políticas de gobierno se centran en el beneficio de unos pocos. La política termina cumpliendo la creencia que tiene la población de que “todos son corruptos”. La crisis política es la base del desarrollo del crimen organizado y las economías ilegales. No en todos los países hay este correlato, pero la problemática de la informalidad y la ilegalidad en el Perú tiene una larga historia. Los datos oficiales en el país son poco transparentes y sistemáticos, pero que la mayoría del oro que se exporta sea ilegal, se mantengan los niveles de producción de cocaína y haya un alto tráfico de inmigrantes, así como los múltiples casos de corrupción local, regional y nacional evidencian esta vinculación.
Hay fiscalizaciones urgentes en temas como lavado de activos, tráfico de inmigrantes, regularización del oro. Y también se debe fortalecer las capacidades institucionales del Estado, por ejemplo del Congreso. Asimismo, el Estado debe decidir sus prioridades. Por ejemplo, si es la lucha contra la tala ilegal, es necesario tener organismos fiscalizadores donde esta viene ocurriendo. Pero también hay que reconocer que si compramos celulares robados, movemos oro ilegal o contratamos inmigrantes de manera ilegal, somos parte de esta problemática y no nos podemos desligar de la violencia que pasa alrededor. La solución requiere notar que es un fenómeno mucho más complejo que no se resuelve solo con la respuesta policial, sino de manera integral y que nos involucra a todos.
Es un poco condescendiente pensar que las organizaciones criminales son demasiado grandes y el Estado muy débil. Actualmente, las de tipo jerárquicas y centralizadas en América Latina son pocas; en el Perú, y en la mayoría de países, son eslabones que se juntan y forman cadenas, unas más fuertes que otras. Que haya, por ejemplo, una proliferación de extorsiones en industrias o barrios enteros y no exista capacidad institucional ni policial para enfrentarla se debe, más bien, a un Estado que controla pero también que permite que se desarrolle lo ilegal y a su desidia.
Le afecta directamente porque cuando la calidad de la política se deteriora, no hay políticas públicas que nos protejan de los problemas fundamentales de la vida cotidiana. En segundo lugar, los mercados ilegales normalizan el uso de la violencia e instalan la sensación de que solo se puede enfrentar los problemas a través a ella. Y todo eso va erosionando el día a día, donde el bus que tomas está extorsionado, hay zonas que no puedes atravesar porque están controladas por organizaciones criminales o cuando en el trabajo se empieza a reemplazar la planilla formal por personal contratado ilegalmente. El otro aspecto es que los mercados ilegales invierten en industrias contaminantes, que no son reguladas y que explotan a los trabajadores.
La academia tiene que salir de la burbuja donde se habla a sí misma. Hay que esforzarnos en traducir nuestras investigaciones en aportes al diálogo político y con la ciudadanía. También debemos dar una batalla narrativa respecto a cuáles son las verdaderas soluciones frente a las economías ilegales y la criminalidad organizada. Me parece muy valioso que Aula Magna tome puntos de vista multidisciplinarios, porque de esa manera se fortalecen los diagnósticos y las soluciones, y que se incluyan a académicos que viven fuera de Lima.
Fuente: PuntoEdu