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Fecha de publicación:
3/10/2025
Foto: Jorge Cerdán
Profesor de la Universidad de McGill (Canadá)
Entrevista: Eduardo Dávila Lynch
El Dr. Juan Pablo Luna combina una mirada disciplinar con un diagnóstico político: la consolidación de la ciencia política en la región convive con problemas nuevos, entre ellos la ampliación de economías ilegales que afectan a la democracia y a la gobernabilidad. Durante el Seminario Internacional «Entender para proponer: 20 años de Ciencia Política en la PUCP», el doctor en Ciencia Política por la Universidad de Carolina del Norte explicó cómo factores estructurales —desigualdad, fragmentación social y debilidad estatal— configuran un contexto donde la política y la ilegalidad terminan interfiriendo mutuamente.
El investigador regresará a la PUCP para el Aula Magna 2025, donde ofrecerá la ponencia “Economías ilegales en América Latina: ¿cómo pensar sus implicancias para el Estado, la democracia y el desarrollo?”. En la cita, Luna profundizará en sus hallazgos comparativos sobre Perú, Chile y Uruguay, y explicará por qué las respuestas punitivas y la “mano dura” resultan insuficientes ante redes transnacionales más complejas y flexibles que la institucionalidad local.
Ha costado, pero en los últimos años hay un auge de estudios sobre instituciones informales e ilegales y su interfaz con el sistema institucional tradicional. Perú ha sido pionero en ese sentido, con experiencia en mercados ilegales y altos niveles de informalidad, y es un caso clave para entender una política que se escapa de lo institucional.
Todos los países son igualmente vulnerables. Antes se pensaba que Costa Rica, Chile y Uruguay estaban relativamente inmunes, pero hoy Costa Rica tiene problemas serios de penetración de los mercados criminales, Chile tiene problemas con el crimen organizado y Uruguay también. Cuando los grandes operadores de los mercados ilegales transnacionales llegan, ocurre lo mismo que en países donde estos mercados son tradicionales.
El sistema político uruguayo logró metabolizar mejor el efecto de los mercados ilegales y el aumento de violencia. A pesar de tener casi tres veces más homicidios que Chile, hay cooperación entre bloques políticos para generar políticas de Estado. En Chile, la fragmentación política e institucional ha generado una competencia por quién ofrece más mano dura, con un Estado fragmentado en su respuesta al crimen organizado.
Hay una conexión directa. La actividad en mercados ilegales requiere lavar dinero y volcarlo a la economía legal, creando interfaces porosas con lo legal. Además, el Estado define qué es legal e ilegal mediante decisiones regulatorias, generando negocios para actores ilegales. El crimen organizado no existiría sin el Estado y su capacidad de perseguir selectivamente ciertas actividades.
Existen distintos mecanismos. Algunos políticos toleran actividades como el lavado de dinero porque genera crecimiento económico y empleo; mientras no genere violencia, no lo perseguirán. Pero los escándalos que involucran a personeros políticos minan la legitimidad del sistema. En contextos de extorsión masiva, como en El Salvador, la población puede apoyar a líderes autoritarios que prometen seguridad.
Dos riesgos fundamentales: el asesinato de candidatos (América Latina es la región donde se matan más candidatos), y el financiamiento y promoción de candidatos afines por parte de organizaciones criminales. Esto produce sesgos en quién se atreve a postular, y una selección de candidatos que está condicionada por la violencia y el dinero ilegal.
No se han encontrado soluciones efectivas. El problema crece incluso en países desarrollados. La mano dura no funciona; las políticas y el populismo punitivos terminan fortaleciendo a las bandas dentro de las cárceles. El enfoque de “seguir la ruta del dinero” muchas veces castiga a los más pequeños y no desarticula las grandes redes internacionales
Las universidades deben desarrollar un rol público y convertirse en actores relevantes en el debate sobre políticas públicas. No pueden sustituir al Estado, pero sí deben empujar visiones de más largo plazo y ofrecer evidencia rigurosa para la formulación de políticas, aun cuando los plazos políticos sean cortos.
Todo está cambiando rápido con la disrupción tecnológica actual. Los pilares conceptuales y metodológicos siguen siendo relevantes. Antes habría recomendado aprender a programar, pero hoy con IA se pueden aplicar paquetes estadísticos sin saber programar. Sin embargo, sigue siendo necesario entender los fundamentos estadísticos. Estamos en un momento donde es necesario volver a los fundamentos teóricos, conceptuales y estadísticos.
Se ve una consolidación de la disciplina, pasando de un estado incipiente hace dos o tres décadas a un campo disciplinar bien consolidado, con roles profesionales definidos, egresados insertados laboralmente y producción académica creciente. La trayectoria de Perú y la PUCP con la carrera de Ciencias Políticas y Gobierno, en particular, ha sido más rápida, y ha logrado en veinte años un estatus profesional y consolidación disciplinaria relevante.
La primera recomendación es que la mano dura rinde electoralmente pero no funciona como política pública. La segunda: no hay una separación clara entre lo legal, lo ilegal y lo informal; hay que administrar esas interfaces. Y la tercera recomendación: si uno observa la trayectoria de Perú en los últimos 30 años, no compita porque terminará preso o vacado, o ambos.
Fuente: PuntoEdu