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Fecha de publicación:
3/10/2024
Vicerrector académico
Texto: Eduardo Dávila Lynch / Fotos: Jorge Cerdán
Waldo Mendoza, economista PUCP y actual vicerrector académico de la PUCP, es una de las voces más respetadas en el análisis económico del Perú. Su vasta experiencia en el sector público y académico le otorga una perspectiva única sobre las políticas que han permitido el crecimiento sostenido del país en las últimas décadas.
El exministro de Economía y Finanzas es enfático en su defensa de la Constitución de 1993 desde el punto de vista económico. En su libro Constitución y crecimiento económico: Perú 1993-2021, él respalda la hipótesis de que el régimen económico establecido en la Carta Magna de ese año, como institución jurídica, impactó de manera positiva en el desempeño macroeconómico del país. Esto se debe a que incluye artículos que configuran un modelo de crecimiento que fomenta la inversión privada, y ofrece un marco institucional que capacita al Banco Central de Reserva del Perú (BCR) y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para implementar una adecuada gestión macroeconómica.
En cambio, es crítico sobre la situación política actual y muestra su preocupación por el debilitamiento de las instituciones. Mendoza confía, a pesar de este panorama, en que la economía peruana seguirá siendo resiliente gracias a los cimientos establecidos en los 90.
Sobre el régimen económico de la Constitución del 93, ¿qué factores fueron fundamentales para el crecimiento económico del país?
Para entender el régimen económico de la Constitución de 1993, hay que retroceder a los años 90, 91 y 92. En 1990, enfrentábamos una combinación de hiperinflación (con tasas de hasta 50% mensual) y una profunda recesión, con la economía cayendo un 8% en 1989 y una cifra similar en 1990. El diagnóstico fue claro: la inflación era causada por la emisión desmedida de dinero debido a los préstamos del BCR al Gobierno, que mantenía déficits fiscales constantes. El Gobierno decidió resolver el déficit fiscal aumentando los ingresos, principalmente mediante un ajuste de precios en productos clave, como la gasolina y la electricidad, que aumentaron entre 2,000% y 3,000% de un día para otro. Esa decisión macroeconómica inevitable, conocida como «paquetazo», fue anunciada el 8 de agosto de 1990. Si para entonces teníamos déficit, en agosto, septiembre y octubre de ese año ya teníamos superávit. Es decir, en casi tres meses se corrigió la fuente importante del problema: el déficit fiscal. Para 1992, la inflación ya estaba bajo control y las reformas estructurales comenzaron a dar fruto.
Nosotros teníamos un modelo económico, heredado del velasquismo, con alta participación de empresas públicas, con precios controlados, con 17 tipos de cambio, con controles de importaciones, con prohibiciones… Éramos, básicamente, una economía cerrada. En el 91, eso cambia drásticamente: se bajan los aranceles de las importaciones, por lo tanto, el producto importado compite con la producción local, y muchas empresas quebraron. Paradójicamente, la apertura comercial permitió también que importemos insumos y bienes de capital, y con ello, la producción local pudo empezar a recuperarse. Se eliminaron todas las prohibiciones financieras. El Perú es un caso extraño, pues se hicieron simultáneamente reformas de apertura comercial y reformas financieras. Para fines del 92, la economía peruana había resuelto sus problemas fundamentales.
La Constitución de 1993 formalizó estos avances, limitando el rol empresarial del Estado, y estableciendo mecanismos para proteger la estabilidad fiscal y los contratos. En el artículo 60 de la Constitución, se habla del rol empresarial del Estado y se dice explícitamente que las empresas públicas solo se pueden crear si hay algún vacío en el mercado que el sector privado no puede resolver. Eso permitió, junto con las privatizaciones, que las empresas del sector privado empiecen a florecer. Por otro lado, el artículo 79 de la Constitución Económica de 93 -que también estaba en la Constitución de 1979- permitió al Ejecutivo operar con cierta independencia del Congreso para hacer bien sus políticas macroeconómicas.
La evolución ha sido notable. En términos comparativos, el Perú ha superado a muchos países de América Latina en indicadores como inflación, PBI, reservas internacionales y reducción de la pobreza. Estos avances se deben a las reformas estructurales de los años 90, que consolidaron un modelo económico más abierto y estable. Hoy en día, a pesar de los problemas institucionales que enfrentamos, la economía peruana sigue creciendo, en gran parte gracias a la independencia del BCR, que ha acumulado reservas internacionales significativas y mantiene un tipo de cambio estable.
En su libro Constitución y crecimiento económico: Perú 1993-2021, menciona la importancia de las instituciones inclusivas para el crecimiento. ¿Cómo puede Perú avanzar hacia la creación de más instituciones inclusivas?
En los últimos años hemos visto un debilitamiento institucional. El Ministerio de Economía, por ejemplo, ya no es lo que era en las últimas décadas. La Sunedu, que emprendió una reforma clave para mejorar la educación, ha sido eliminada de facto. El Banco Central es quizás la única institución que ha mantenido su fortaleza e independencia, lo que ha sido crucial para mantener la estabilidad macroeconómica. Si tuviéramos más instituciones de ese calibre, el Perú sería un país diferente.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha tomado decisiones que debilitan el marco fiscal, como la reinterpretación del concepto de gasto público, permitiendo que el Congreso apruebe leyes que incrementan el gasto sin control. Esto afecta negativamente la capacidad del Ejecutivo para gestionar, de manera eficiente, las políticas fiscales.
La mayoría de quienes promueven un cambio constitucional no han leído la Constitución de 1993. Creen que cambiarla resolverá todos los problemas del país, pero esto es un error. Países como Venezuela y Bolivia también cambiaron sus constituciones y los resultados han sido desastrosos. El Perú no necesita un cambio constitucional, lo que necesita es proteger y fortalecer las instituciones que nos han dado estabilidad económica. La Constitución de 1993 consolidó los logros de las reformas de los años 90 y sigue siendo una base sólida para el desarrollo económico. El desafío está en la implementación de políticas públicas.
Según el INEI, el 31.4% de la población está en riesgo de caer en la pobreza. ¿Por qué sucede esto a pesar del crecimiento sostenido de las últimas décadas?
La pobreza está directamente relacionada con el crecimiento económico. Entre el año 2000 y 2009, la pobreza se redujo significativamente porque la economía creció. Cuando esta crece, las empresas necesitan más trabajadores y los ingresos de las familias aumentan. Además, el Gobierno recauda más, lo que le permite financiar programas sociales como Pensión 65 o Cuna Más. En 2023, el PBI cayó y, como era de esperarse, la pobreza subió. Para reducirla, es fundamental restablecer el crecimiento económico, que es lo que realmente impulsa la reducción de la pobreza.
La Constitución protege muy bien el capital físico y la inversión privada, pero no existe un tratamiento similar para el capital humano, que es igual o más importante. El capital humano se refiere a la capacidad de la población trabajadora y es esencial para el desarrollo económico. Un ejemplo claro de esta desprotección es la eliminación de Sunedu, que fue un retroceso en términos de educación. Deberíamos establecer mecanismos que blinden y protejan la inversión en capital humano, de la misma manera que protegemos las inversiones privadas.
¿Cómo equilibrar el crecimiento económico con los derechos sociales más equitativos?
Para financiar los derechos sociales, se necesita presupuesto y este proviene de la recaudación fiscal, que a su vez depende del crecimiento económico. El crecimiento es la fábrica de recursos para el Estado. Sin embargo, también es necesario que las políticas públicas utilicen esos recursos de manera eficiente para reducir la inequidad y la pobreza. No basta con crecer; se necesitan buenas políticas que aseguren que los beneficios del crecimiento lleguen a todos.
¿Qué desafíos enfrentará nuestro modelo económico en las próximas décadas, considerando factores como el cambio climático y las disrupciones tecnológicas?
No debemos exigirle a la Constitución más de lo que puede dar. Los problemas como el cambio climático o la automatización se resuelven mediante políticas públicas, no mediante la Constitución. En cuanto al cambio climático, necesitamos políticas que respeten el medio ambiente y fomenten un crecimiento sostenible. La Constitución económica ya es sólida y no creo que necesite grandes cambios. Donde sí necesitamos reformas es en la parte política para mejorar la gobernabilidad y la representación.
¿Qué lecciones nos deja la Constitución del 93 sobre el crecimiento económico?
La Constitución del 93, junto con las políticas de los años 90, permitió el mayor progreso económico de la historia del Perú, vivido entre el 2003 y el 2019. La Constitución preserva y defiende lo que se ha conseguido en el 79, en el 90, el 91 y el 92. ¿Y el Perú en 2024? Es un país institucionalmente destrozado, con un Congreso que está dando las peores leyes de la historia contemporánea, y a pesar de eso la economía crece, y a pesar de eso la inflación está baja, y a pesar de eso el tipo de cambio está tranquilo. Hoy tenemos alrededor de 75 mil millones de reservas internacionales. Eso es como un tercio del producto bruto interno. Si hay una crisis política o una crisis económica, el BCR estará listo para intervenir. Nada de esto se podría haber conseguido sin lo que se hizo en los años 90, 91, 92 y sin la Constitución Económica de 1993. Es importante conocer la historia económica del país para entender el valor de lo que se ha logrado y por qué es crucial proteger los avances que hemos conseguido.
Fuente: PuntoEdu