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Fecha de publicación:
22/8/2019
Las acreditadoras en Estados Unidos no “le sacan el jugo” a los datos que recopilan durante las evaluaciones a las instituciones de educación superior para proponer parámetros de mejora. Esa es la conclusión del reporte "Recomendaciones para acreditadoras en el uso de datos para promover el éxito de todos los estudiantes", el cual enfatiza en las ventajas de "desagregar" los datos (cifras y estadísticas que ofrecen las instituciones) para encarar problemáticas como las brechas en deserción y rendimiento que afectan principalmente a estudiantes de familias con bajos recursos o de minorías.
"Los datos revelan las desigualdades", dijo Mamie Voight, representante del Instituto de Políticas de Educación Superior (IHEP), y coautora del documento. "Los datos por sí solos no van a cerrar las brechas de equidad, pero sí arrojan luces para guiar los esfuerzos que, en última instancia, conducirán a la mejora".
"Mientras las acreditadoras recolectan algunos indicadores sobre el éxito de los egresados, no alcanzan lo suficiente y no están desagregando esos datos por raza, etnia, ingresos y otras características clave de los estudiantes", agregó Voight. "Sin esos datos desagregados, que son fundamentales para examinar las cuestiones de equidad en la educación superior, las acreditadoras no pueden interactuar con las instituciones con respecto a su capacidad de servir a todos sus estudiantes".
El análisis del IHEP, sustentado en la revisión de documentos de las acreditadoras (estándares, guías, manuales de requerimientos y estudios autoevaluativos) y entrevistas realizadas a varios de sus directivos, encontró que las acreditadoras son conscientes de la necesidad de contar con mayor información, incluyendo el uso de métricas comunes para facilitar el cálculo y la comparación de los resultados entre las instituciones. Sin embargo, al revisar 13 grandes indicadores sobre el rendimiento estudiantil (tasas de graduación, retención, transferencias, empleabilidad, etc.) desde el ingreso hasta el egreso, solo tres de las diez acreditadoras que se revisaron consideraron más de la mitad y apenas en 7 de los 130 casos posibles se hizo el ejercicio de desagregar los datos.
Además, el estudio afirma que se percibe una noción imprecisa del "uso de datos" por parte de las acreditadoras, ya que si bien en las entrevistas y documentos se puede observar una revisión de indicadores, no se encontró "evidencia convincente" de que las universidades que no mejoran estas cifras, enfrentan consecuencias significativas, como la pérdida de la acreditación. Muchos de estos casos posiblemente a causa de no tener la suficiente información que permitiera identificar problemas de fondo, o como para tomar decisiones más drásticas con respecto a las instituciones. El estudio insiste que en el ámbito del rendimiento institucional y la calidad, la "mejora" y "consecuencias" deben estar fuertemente vinculadas.
Estos y otros hallazgos presentados en el informe derivan en tres recomendaciones para las acreditadoras: i) incorporar el uso de datos en la práctica rutinaria, lo que implica pasar de "vigilar" las cifras a hacerlas parte explícita del enfoque y conclusiones de manera integral; ii) hacer hincapié en la equidad para lo que es necesario posicionarla como prioridad y hacer un desglose de las métricas de resultados por raza/etnia e ingresos como mínimo; y iii) hacer de la transparencia una consigna en el uso de datos de modo que sea de acceso público la forma en que recopilan y utilizan la información en sus procesos de revisión.
Por otro lado, se deberá pensar cómo integrar todo el tema de utilización de datos en la actual coyuntura de la acreditación en educación superior en Estados Unidos. Se ha generado una controversia por la propuesta del gobierno de Donald Trump que busca reformular las normas que regulan el funcionamiento de las acreditadoras.
Según el Departamento de Educación de Estados Unidos, lo que se quiere es sentar los pilares para el futuro de modo que las reglas de juego estén diseñadas para soportar un sistema que le dé la prioridad necesaria al potencial de la innovación educativa. A grandes rasgos, esto implicaría darle mayor protagonismo al estudiante con respecto al rumbo y ritmo de su formación, y hacer menos costosos los procedimientos de acreditación para las instituciones. Los detractores de esta propuesta muestran su preocupación por el asomo de una normativa que relaje demasiado el sistema de acreditación, y como consecuencia comprometer un adecuado control de la calidad educativa, entre muchas otras cuestiones.
Además, hay numerosas críticas a la escasa participación o consideración de la opinión pública, tanto en una primera parte donde se convocó una comisión para discutir una primera versión de las propuestas, donde supuestamente todos los intereses estarían representados de manera balanceada (gobierno, acreditadoras, instituciones y estudiantes), y luego, en un segundo momento, donde se invitó de manera pública para que organizaciones también pudieran comentar la reforma, pero que, según especialistas, la propuesta es tan radical que no basta con sugerir modificaciones, además que se muestra muy apurada para el calibre que tiene. En este momento, el Departamento de Educación está revisando los más de 200 comentarios que se hicieron llegar.
Finalmente, cabe comentar que para nuestra región latinoamericana, donde también se van cumpliendo varias metas en la cobertura del acceso, se toma más relevancia otras problemáticas como la igualdad de posibilidades para desarrollar una carrera universitaria exitosa entre todos los niveles socioeconómicos, o no solamente revisar una tasa de empleabilidad, sino observar qué factores están definiendo un mayor o menor éxito cuando los egresados encaran e interactúan con el mercado laboral. La utilización más profunda de los datos nos puede ofrecer esa capacidad de percibir cuestiones más de fondo.