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Fecha de publicación:
25/4/2019
En América Latina, las discusiones en torno a la perspectiva de género han cobrado una escala inimaginable hasta hace unos años. La incorporación del enfoque de género en políticas públicas en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú ha recibido reacciones de campañas adversas, generalmente con un tamiz religioso, como es el caso de Con mis hijos no te metas (cuya presencia no se limita al Perú, sino que tiene una escala internacional). En el caso de Brasil, hemos visto cómo el Gobierno no solo se ha mostrado contrario a la perspectiva de género, sino que ha dado un paso atrás en esta materia al nombrar como ministra de Mujer, Familia y Derechos Humanos a Damares Alves, una pastora evangélica que, durante su gestión, ha tenido declaraciones como “Comienza una nueva era. Los niños visten de azul, las niñas de rosa”.
En este escenario de debates y enfrentamientos, es un deber de las universidades sentar una posición clara con respecto al enfoque de género y tomar iniciativas firmes para prevenir y combatir la violencia de género.
En ese sentido, una reciente investigación, dirigida por la plataforma digital Distintas Latitudes, ha analizado los problemas de acoso y violencia sexual en las universidades de América Latina, y las medidas que estas llevan a cabo para hacer frente a dicha problemática. Esta investigación se basó en una muestra de 100 universidades en 16 países de Centro y Sur América (51 privadas, 48 públicas y 1 de subvención estatal). Los países seleccionados fueron: Argentina (8 universidades), Bolivia (6 universidades), Brasil (6 universidades), Chile (6 universidades), Colombia (6 universidades), Costa Rica (6 universidades), Cuba (6 universidades), Ecuador (6 universidades), El Salvador (6 universidades), Guatemala (6 universidades), Honduras (6 universidades), México (8 universidades), Nicaragua (6 universidades), Paraguay (6 universidades), Perú (6 universidades), Venezuela (6 universidades).
Los aspectos investigados han sido la existencia de protocolos para atender el acoso y la violencia sexual dentro de las universidades, la facilidad de acceso a los mismos y su impacto en la formación de espacios más seguros. No cualquier “guía” o “manual” se considera un protocolo: se entiende por protocolo “un documento que contiene una serie de normas, estrategias y procedimientos aceptadas y aprobadas, que indican los pasos a seguir y entidades a cargo de recibir, encausar, investigar y sancionar o absolver acusaciones sobre conductas que conforman acoso o abuso sexual”.
Sus resultados arrojan que el 40% de las universidades consultadas tiene protocolos, 36% indicó no tenerlos para este tema, y un alarmante 26% no respondió al ser consultado (posiblemente, porque no existen o porque no son conocidos). En síntesis: “60% de las universidades investigadas carece de una política interna, institucionalizada, pública y abierta con sus comunidades para atender los casos de acoso, abuso y otras formas de violencia sexual”.
Si vemos los resultados en mayor detalle, se tiene que, de las universidades privadas, 19 cuentan con un protocolo (37%), y 32, no (63%); mientras que en las universidades públicas, 21 lo tienen (43%) y 28, no (57%).
Geopolíticamente, Centroamérica concentra el mayor número de universidades sin ningún tipo de protocolo. De 30 universidades analizadas en Costa Rica (6), El Salvador (6), Guatemala (6), Honduras (6) y Nicaragua (6), solamente nueve cuentan con estos documentos (30%). Paralelamente, en Sudamérica, de las 20 universidades analizadas en los países del Cono Sur (Argentina – 8, Chile – 6 y Paraguay – 6), 10 cuentan con éstos (50%). En Brasil, solo 1 de las 6 universidades consultadas cuenta con un protocolo (16.6%); mientras que, de las 30 universidades analizadas en la Región andina (Bolivia – 6, Colombia – 6, Ecuador – 6, Perú – 6 y Venezuela – 6), solo 13 cuentan con protocolos (43%). Destaca, positivamente, el caso de México, que de las 8 universidades consultadas, 7 sí contaban con protocolos contra el acoso y el hostigamiento sexual (87.5%).
Otro dato a considerar es que estos documentos han tenido especial atención recién durante los últimos años, puesto que, si bien el protocolo más antiguo fue publicado en 1997, recién en el 2010 otras 4 universidades incorporaron estos documentos, y desde el 2015 en adelante se publicaron tres cuartas partes del total de los protocolos vigentes actualmente, fecha que coincide con la primera movilización de #NiUnaMenos en Argentina. Así, las investigadoras sostienen que “los protocolos casi nunca son concesiones graciosas de las autoridades universitarias, sino luchas ganadas directamente por las comunidades estudiantiles”.
Si nos detenemos en el caso peruano, la investigación recoge que 3 de las 6 universidades cuentan con protocolos de fácil acceso (Universidad de San Martín de Porres, Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad Nacional Mayor de San Marcos); 2 universidades cuentan con protocolos, pero que no se consideran de fácil acceso (Universidad Privada César Vallejo y Universidad Peruana Cayetano Heredia), y una universidad no ofreció ninguna respuesta ante la consulta de las investigadoras (Universidad Alas Peruanas). El protocolo más antiguo en el Perú es de la UPCH, que data del 2010.
Aunque no conocemos casos en otros países, en el Perú tanto el Ministerio de Educación como la Sunedu están impulsando la creación de lineamientos contra el hostigamiento sexual en las universidades, y evaluando casos en los que se sospecha que las autoridades no estarían actuando frente a denuncias de acoso sexual.
En el siguiente enlace, podrás encontrar el Reglamento para la Prevención e Intervención en los Casos de Hostigamiento Sexual Aplicable a Estudiantes y Docentes de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Recuerda que, en la PUCP, la entidad encargada de atender los casos de acoso y hostigamiento sexual es la Comisión Especial para la Intervención Frente al Hostigamiento Sexual.
Fuentes:
Enlace: